La Contraloría dictaminó que la exministra de Seguridad pidió información a la PDI que estaba fuera de sus atribuciones legales, el oficio reservado selló la salida de la subprefecta Consuelo Peña. Ahora, es la oposición la que debate entre una acusación constitucional o una comisión investigadora, pero mirando de reojo el quiebre del oficialismo tras la fracasada AC contra Nicolás Grau. El Gobierno, en tanto, habla de un “error” de Steinert.
El dictamen de Contraloría concluyó que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, excedió sus facultades legales en su actuación respecto del oficio reservado N° 28, de 2026, en el que pedía “un informe detallado respecto del personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado específica, vinculada a la investigación penal de una causa determinada y que se encontraba en curso, a cargo de una Fiscalía Regional del Ministerio Público”. Ahora la oposición está evaluando qué hacer.
Inmediatamente conocido el tenor de la resolución del órgano contralor, desde el Gobierno dieron por superada esta situación con la salida de Steiner del ministerio, el 19 de mayo pasado. “No vamos a emitir juicios de valor sobre informes de Contraloría. Nosotros valoramos mucho la labor que realizó la exministra Steinert y la labor que realiza Contraloría”, afirmó el actual secretario de la cartera de Seguridad, Martín Arrau.
El biministro del Interior, Claudio Alvarado, en tanto, sí lo calificó: “En el ejercicio de un cargo público, todos los ministros podemos cometer algún tipo de error y en ese sentido, la Contraloría aquí manifestó que había una falta al deber de abstención que suele ocurrir en muchas oportunidades en diferentes instancias”, dijo el vocero de Gobierno.
Los más contradictorio de la reacción del Gobierno ante el dictamen de la Contraloría, es que hace solo unas semanas y luego de un preinforme incompleto y filtrado desde el órgano fiscalizador, crearon una fuerza de tarea para buscar a niños de nacionalidad haitiana que habían ingresado de forma legal al país y que no se encontraban desaparecidos; ante un silencio irresponsable también de la propia contralora, Dorothy Pérez, al no advertir que la información filtrada no hacia referencia de menores perdidos.
Lo paradójico, es que previo a asumir la conducción del Estado, el Presidente Kast destacaba el “curso de inducción de la Controlaría General para las nuevas autoridades”, calificándolo de “un deber y un aporte fundamental para desempeñar correctamente el cargo”, algo que, al parecer, la exministra Trinidad Steinert olvidó o no realizó.
En el Congreso, desde la oposición más bien, se evalúa tanto una comisión investigadora como una acusación constitucional y desde el oficialismo consideraron que no hay que perder más tiempo en estos requerimientos, sobre todo, luego de que la AC en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau fracasara, por no contar con el apoyo de toda la derecha, fracturando al sector que apoya al Ejecutivo.
El propio presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, en entrevistas televisivas no entró en detalles de lo que dice el dictamen porque no lo había leído, pero igualmente cuestionó la sola idea de presentar una AC, llamando a revisar las declaraciones que cada parlamentario hizo tras las discusión en torno a la libelo contra Grau y que su colectividad impulsó.
Andrés Celis, diputado de RN, agregó que no tiene sentido insistir en una posible acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Pública, porque la responsabilidad política ya fue asumida con su salida del cargo. “Es absolutamente inoficioso. Por lo mismo, mi llamado es a la oposición a concentrarnos a trabajar por los temas que Chile hoy día está demandando, que es seguridad, empleo, crecimiento y también salud”.
Tras una reunión de los diputados de oposición que integran la Comisión de Seguridad Ciudadana, el socialista Raúl Leiva sostuvo que el dictamen “es concluyente y categórico en orden a que la ministra Steiner incumplió un mandato legal y constitucional”.
“Por eso no descartamos ninguna alternativa, sin perjuicio de que hay que realizarlo de manera responsable y ponderada, y que eventualmente una comisión especial investigadora va a poder profundizar en esta materia, sin perjuicio de que existen todas las herramientas constitucionales a disposición”, sostuvo.
¿Hay agua en esta piscina?
El elemento controversial es, según indica el ente fiscalizador en su dictamen, que “la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes Nos 22.989, de 2019 y E53.860, de 2020, ha manifestado que las personas que ejercen cargos o funciones públicas deben cumplir estrictamente con el referido deber de abstención, cuando se vean afectadas por un conflicto de intereses en su ejercicio, aun cuando aquel sea solo de carácter potencial“.
Además, se debe considerar que los requerimientos de información realizados por Trinidad Steinert, se refirieron a personal perteneciente a una dependencia policial que apoyaba la labor investigativa que encabezaba la propia exsecretaria de Estado en su anterior desempeño (fiscal regional), lo que se debe considerar al tenor del deber legal de abstención que, respecto de su cargo público previo, debió observar.
De acuerdo con abogados consultados por redacción, el dictamen de la Contraloría “queda confinado a la responsabilidad administrativa y a la responsabilidad política, pero nada civil ni penal. La infracción objetiva fue actuar fuera de competencias legales sin atribuciones concretas para ello, en relación con el acceso a datos personales y respecto de cuestiones que irían más allá de la propia fiscalización y supervigilancia intrainstitucional. Además, el cruce con una causa en el Ministerio Público (MP) agravó el tema, porque ella actuó desde el Ejecutivo respecto del MP, que está fuera y tiene autonomía constitucional”.
Todo lo anterior se ve agravado, además, por que Trinidad Steinert es de profesión abogada y ocupó el cargo de fiscal regional, sin contar que el Ministerio cuenta con equipos jurídicos que pudieron haberle advertido de su ilegalidad. “Nada de eso filtró lo que hizo. Y en definitiva fue una pésima decisión, porque nunca quedó clara la motivación y, por ende, quedó en el aire que fuese un antojo por cuestiones personales”, señalan las fuentes consultadas.
Apoyo irrestricto de Kast a Steinert
El que sigue sin dar pie atrás es el presidente José Antonio Kast, quien ha respaldado una y otra vez a la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert. Sin embargo, tras conocerse el dictamen de la Contraloría no se ha refirido al tema.
Fue el pasado 6 de abril, cuando recién se discutía sobre los actos de Steinert, que desde Buenos Aires Kast defendió de manera inequívoca a la entonces ministra, afirmando que “respaldo plenamente a nuestra ministra de seguridad, y estoy muy agradecido del trabajo permanente que está haciendo ella con su equipo”. Y agregó: “Estoy convencido que ejerció las atribuciones que le correspondían”.
Un mes y medio después, cuando Steinert se vio obligada a dar un paso al costado y se produjo el cambio de gabinete, el presidente Kast dedicó parte de su discurso a agradecer la labor de la que fue su encargada de seguridad pública, destacando su trabajo en los primeros meses de gobierno.
“Quiero decir que detrás de cada golpe contundente al crimen, al terrorismo, hay una impronta política, una decisión, una convicción de todo nuestro gobierno. Y esa impronta, en estos primeros meses, lleva tu sello, el sello de Trinidad Steiner, una mujer valiente, una mujer coherente, que ha enfrentado situaciones muy difíciles en su vida y también en estos meses. Gracias Trinidad. Gracias por tu entrega, por tu rigor, por tu valentía, y por haberle dado la esperanza a los chilenos de que un Chile sin violencia, un Chile sin terrorismo, es posible”, manifestó en ese momento el mandatario.
Y la última intervención del mandatario sobre el punto fue en la rueda de entrevistas que dio en la antesala de su primera Cuenta Pública, donde nuevamente respaldó el actuar de Steinert.
Fue en CHV donde Kast dijo que “es imposible avanzar cuando la política entera o un sector de la política se centra sólo en lo que dijo o lo que no dijo, o en que una determinación se va a la Contraloría o no se va a la Contraloría. ¿Cuánto tiempo estuvimos discutiendo de distintas acciones que no eran lo fundamental? Lo fundamental es la persecución del crimen”, sin considerar ni un segundo que Steiner podría haber actuado fuera de la legalidad de sus funciones.
