La presidenta del organismo Michele- Ange Joseph, detalló a redacción que la circular “debe entenderse como un instrumento para fortalecer la trazabilidad y no como una barrera que dificulte” el reencuentro entre los menores y sus familias en Chile.
Si bien la polémica por la filtración del preinforme de la Contraloría sigue en la palestra, tras la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por parte de parlamentarios del Frente Amplio y una investigación interna del órgano contralor que además pidió al Consejo de Defensa del Estado querellarse, las instituciones a cargo del proceso migratorio tuvieron una capacitación en torno a la circular N°6 emanada desde el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), que apunta a reforzar la trazabilidad y los controles en los casos de reunificación familiar.
Según detalló el Sermig, el documento “establece que todo niño, niña o adolescente que ingrese solo o con un tercero que no sea su padre, madre, guardador o encargado de su cuidado, deberá contar con un poder notarial o resolución judicial que acredite la autorización”.
Asimismo, se detalla que el documento debe ser presentado “al momento de solicitar el permiso y en el ingreso al país tendrá que estar vigente y actualizado. De igual forma se pedirá documentación que permita verificar el domicilio declarado en Chile, como cuentas de servicios básicos o contrato de arriendo, entre otros”, informó el Sermig en un comunicado.
La directora de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJYS), Michel-Ange Joseph, valoró la circular, ya que fija “medidas para fortalecer los procedimientos de ingreso de niños, niñas y adolescentes y mejorar la coordinación entre las instituciones competentes”, argumentando que “toda acción orientada a reforzar la protección de la niñez y prevenir eventuales vulneraciones de derechos es positiva”.
Michele-Ange sostuvo a redacción que “la circular Nº 6 debe entenderse como un instrumento para fortalecer la trazabilidad, la verificación de antecedentes y la coordinación interinstitucional, pero no como una barrera que dificulte el ejercicio del derecho a la reunificación familiar. El desafío del Estado es compatibilizar controles eficaces con una protección efectiva de los derechos de la niñez”.
La directora de CIJYS explicó que el documento de Migraciones “constituye un avance, porque recoge parte de las preocupaciones que desde la Fundación veníamos planteando en la mesa de trabajo sobre el protocolo de protección de niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana”.
Entre los elementos planteados por la Fundación y que fueron considerados en la circular, Michele-Ange destacó “la necesidad de fortalecer la verificación de los vínculos familiares, identificar previamente al adulto responsable, mejorar la coordinación entre las instituciones del Estado y reforzar la trazabilidad de los procesos de reunificación familiar”.
Michel-Ange Joseph, directora de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJYS).
Protocolo interinstitucional
Además de las autoridades del Servicio Nacional de Migraciones, la capacitación respecto de la circula contó con la representantes de la Subsecretaría de la Niñez, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
La directora del CIJYS aclaró que “la circular no modifica el derecho a la reunificación familiar, sino que incorpora instrucciones complementarias para fortalecer los procedimientos de control y protección. A mi juicio, todavía quedan desafíos pendientes, especialmente en materia de seguimiento posterior al ingreso de los niños y niñas, definición clara de responsabilidades institucionales y articulación efectiva con el Sistema de Garantías de la Niñez”.
Michele-Ange espera “que este sea un primer paso y que el futuro protocolo interinstitucional incorpore una mirada integral de protección, donde la reunificación familiar continúe siendo un derecho, pero acompañada de mecanismos eficaces que permitan al Estado garantizar el interés superior del niño antes, durante y después de su ingreso al país”.
De todas formas, la directora de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales aseguró que el desorden administrativo que detectó la Contraloría “obliga a revisar críticamente los procedimientos aplicados con anterioridad. Si hoy se reconoce la necesidad de incorporar nuevos requisitos y mejorar el flujo de información entre instituciones, también corresponde evaluar si existieron deficiencias en los mecanismos previos y determinar las responsabilidades que correspondan, siempre sobre la base de evidencia y evitando cualquier forma de estigmatización hacia la comunidad haitiana o hacia las familias que han utilizado legítimamente los mecanismos de reunificación familiar”.
