Desde Abofem, Corporación Humanas, Miles Chile y Fundación por el Derecho a Decidir, indicaron que “una ley por sí sola no garantiza atención”, también lo hacen los protocolos y “debilitar esa infraestructura puede vaciar un derecho sin tocar una sola palabra de la ley”, ante la norma técnica presentada por el Ministerio de Salud indican desde las organizaciones.
El pasado 15 de abril de 2025, la Asociación Gremial de Matronas y Enfermeras-Matronas por la Vida (Amemp) ingresó a la Contraloría un requerimiento formal para impugnar la norma técnica Nº 259 del Ministerio de Salud (Minsal), respecto de la Ley de Aborto en Tres Causales.
Desde el gremio acusan estrictas reglas administrativas impuestas al personal médico, argumentando que el Gobierno habría excedido sus facultades legales, transformando un protocolo sanitario en una “barrera punitiva” contra los profesionales de la salud que deciden no participar en estos procedimientos.
La solicitud fue ingresada por Amemp tras el “Téngase Presente” presentado previamente por el obispo de La Serena y presidente de la Conferencia Episcopal, René Rebolledo, respecto del decreto del Minsal que modifica el reglamento vigente de 2018 sobre el derecho a la objeción de conciencia profesional.
La adhesión a este requerimiento hecho por la iglesia católica ante la Contraloría, hace observaciones en cuanto a proteger el derecho de matronas y enfermeras a “ejercer su vocación con libertad de conciencia, sin discriminación ni presiones institucionales”, señala desde Amemp.
Organizaciones proderechos reproductivos acuden a la Contraloría por informe del Minsal sobre el aborto en tres causales.
Organizaciones acuden a la Contraloría
A un año y cuatro meses de esa presentación, distintas organizaciones proderechos reproductivos de la sociedad civil, llegaron hasta la Contraloría para presentar sus argumentos en defensa de la norma técnica Nº 259, tras la impugnación presentada por Amemp.
“No hace falta cambiar una ley para restringir un derecho, también se puede hacer modificando las reglas que determinan cómo ese derecho se implementa. Las restricciones más profundas no siempre llegan con una gran reforma legislativa, también pueden avanzar a través de procedimientos y decisiones administrativas que parecen técnicas, pero que determinan quién puede ejercer un derecho en la práctica”, sostuvo la subdirectora de programas de Miles Chile, Luz Reidel.
Según explicó, “si una modificación genera nuevas barreras, demoras o incertidumbre para acceder a una prestación de salud, el derecho puede seguir intacto en el papel, pero restringirse en la práctica”.
De igual forma, Reidel agregó que estas nuevas barreras se suman a las dificultades que ya tiene la ley para su correcta implementación, tal como lo demuestra el octavo informe de Derechos Sexuales y Reproductivos de Miles Chile, donde “73 establecimientos fiscalizados, sólo dos de ellos cumplen con el 100% de los parámetros que exige la ley” y “apenas ocho establecimientos cuentan con protocolos de derivación cuando existe objeción de conciencia, a lo que se suman demoras en la atención y profundas desigualdades territoriales”, sostienen desde la organización.
Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas, por su parte afirmó que “en un escenario en que persisten barreras para acceder a la interrupción del embarazo en tres causales, el deber del Estado es garantizar que la ley pueda ejercerse efectivamente en todo el territorio. Cualquier medida que dificulte su implementación puede profundizar desigualdades que ya existen en el acceso a esta prestación de salud”.
Para la subdirectora de programas de Miles Chile, Luz Reidel, en tanto, “una ley por sí sola no garantiza atención. También la garantizan los protocolos, las derivaciones, los equipos de salud y las reglas que permiten implementarla. Debilitar esa infraestructura puede vaciar un derecho sin tocar una sola palabra de la ley”.
Proyecto libertario
Otro de los puntos en que expresaron preocupación las organizaciones, es el proyecto de ley “Escucha su Corazón” presentado por diputados del Partido Libertario y apoyado por varios parlamentarios de los partidos de Gobierno.
Florencia Pinto, directora de Abofem advirtió que “cualquier intento por desconocer o debilitar la Ley 21.030 (tres causales) es una afrenta directa a la voluntad de una ciudadanía que ya zanjó este debate en el Congreso, es importante señalar que más del 70% de la ciudadanía respalda la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales según encuesta Activa e ICSO-UDP”.
Las organizaciones manifestaron su preocupación “respecto de la distancia entre las prioridades ciudadanas y las de la coalición gobernante”, luego que “parlamentarios oficialistas que, al igual que esta impugnación, buscan trabar la aplicación de la ley, a pesar de que el presidente José Antonio Kast mantuvo entre sus promesas de campaña no retroceder en derechos sociales adquiridos”.
Según Luz Reidel, de Miles Chile, “cambian los mecanismos, pero la dirección es la misma. Una impugnación aquí, un nuevo requisito allá, una modificación administrativa después: por separado pueden parecer discusiones técnicas; acumuladas, pueden transformar profundamente el acceso a un derecho”.
