Organizaciones sociales y comunidades cuestionan la evaluación ambiental del proyecto de tierras raras y anunciaron que recurrirán a todas las instancias administrativas y judiciales para impedir su instalación en Penco.
Organizaciones sociales, comunidades y vecinos de Penco, junto a abogados de la ONG Defensa Ambiental, presentaron ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Biobío un recurso de reclamación y un recurso de invalidación en contra de la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto de tierras raras de la empresa Aclara.
Los recursos denuncian que hubo una insuficiente consideración de las observaciones ciudadanas y una serie de ilegalidades que, según las organizaciones, se produjeron durante la evaluación ambiental del proyecto. Entre los aspectos cuestionados se encuentran la evaluación de los impactos sobre los sistemas de vida de las comunidades, los riesgos asociados a la radioactividad, la remoción en masa y la contaminación del suelo y las aguas.
Francisco Astorga, abogado de ONG Defensa Ambiental, explicó que los recursos apuntan a cuestionar la legalidad de la RCA, la forma en que fueron evaluados los impactos del proyecto, así como materias que no habrían sido abordadas adecuadamente respecto de los riesgos sobre el medio humano y los sistemas de vida de las comunidades.
“Dentro de las ilegalidades que también se verifican está el no reconocer adecuadamente los impactos que este proyecto genera respecto del riesgo de radioactividad, un tema muy grave para la población, así como los impactos que este proyecto también genera en términos de los riesgos de remoción en masa, la contaminación del suelo y de las aguas”, sostuvo Astorga.
El abogado agregó que “hace un par de días, uno de los directores de la empresa confirmó que esta extracción de tierras raras está destinada a la industria armamentística militar de Estados Unidos y, por ende, vemos con extrema preocupación que se quiera contaminar nuestro territorio, dejar la pobreza en nuestro territorio para generar armas para las grandes potencias y que sigan generando la guerra en otros países”.
La presentación de estos recursos corresponde a una nueva etapa en la estrategia de las organizaciones para cuestionar la aprobación ambiental del proyecto. Una vez que los recursos sean resueltos por las instancias administrativas correspondientes, las comunidades y sus representantes anunciaron que recurrirán al Tribunal Ambiental para solicitar la anulación de la RCA y, de ser necesario, continuarán posteriormente ante la Corte Suprema.
Organizaciones ciudadanas rechazan la instalación de la mina Aclara en Penco.
Ciudadanía preocupada por elementos radioactivos
Desde las organizaciones también relevaron la dimensión territorial del proyecto y la articulación ciudadana que se ha desarrollado durante los últimos años para cuestionar la instalación de proyectos de minería de tierras raras, más ante la amenaza de los riesgos que esta explotación podría generar para la población y el medioambiente en Penco.
Camila Arriagada, vocera de la campaña Penco-Lirquén libre de minería, planteó que “una de las preocupaciones más grandes que tenemos como población es la presencia de elementos radioactivos en estas faenas mineras, respecto de lo cual la Comisión Chilena de Energía Nuclear declaró que existe un riesgo radiológico presente y solamente se mandó a pedir medidas de seguridad para los trabajadores, pero ninguna medida para la salud de la población. Así como también otras enfermedades respiratorias asociadas a la sílice, que esta minera podría provocar operando a menos de un kilómetro de la población”.
La vocera advirtió también que la instalación de una operación minera de estas características podría afectar la vocación territorial de Penco. “Creemos que una megaminería tan cercana a centros de salud, a centros educativos y a clubes deportivos no va a permitir el desarrollo sustentable y armonioso de nuestro territorio, sino todo lo contrario: va a afectar directamente la vocación turística, gastronómica y patrimonial que tiene Penco”, sostuvo Arriagada.
En tanto, Patricia Flores Quilapán, representante de la agrupación Koñintu Lafken Mapu, cuestionó que durante el proceso de evaluación no se hayan abordado todos los impactos que podría generar el proyecto de Aclara en Penco.
“Hay mucho impacto y mucha evaluación que se podría haber hecho y no se ha hecho. Entonces, nosotros vamos a seguir defendiendo el territorio y luchando por el bienestar de todos nosotros y también del pueblo. Sabemos que esta empresa tendrá un impacto muy grande en la naturaleza, el cerro y el agua, y también en la vida humana”, señaló la dirigenta.
Flores Quilapán enfatizó además que las comunidades mantendrán las acciones administrativas y judiciales para impedir la instalación del proyecto. “Vamos a llegar hasta las últimas instancias, vamos a recurrir a la justicia y haremos todo lo necesario en la parte legal para impedir que esta minera se instale en la comuna”, afirmó.
