Durante 2025 se recibieron amenazas directas sobre la seguridad de Dorothy Pérez, jefa del ente fiscalizador, lo que hacía necesario que el proveedor seleccionado incluyera “blindaje balístico, cuyos estándares fueron indicados según la experiencia y análisis de la entidad policial en la materia”, detalla la resolución de la compra.
Las funciones de fiscalización de los recursos públicos que desarrolla la Contraloría General de la República, así como el “impacto e influencia que los productos emanados de la institución ejercen en la opinión pública y en el funcionamiento de la administración del Estado”, fueron parte de los argumentos con los cuales se justificó en la plataforma de Mercado Público, la adquisión del blindaje para el vehículo institucional que utiliza la contralora, Dorothy Pérez.
De acuerdo con un reportaje de Informe Especial (TVN), la contralora autorizó el gasto de casi $28 millones vía trato directo, sin pasar por licitación, según la Ley vigente.
La empresa seleccionada fue Raptor SpA, que es proveedora de instituciones de orden y seguridad nacionales y según señaló la Contraloría a TVN, “el trato directo se funda en que entre los convenio marco de Mercado Público no existían proveedores similares”.
Es más, en la resolución exenta 18.852 que autoriza la compra, se argumenta que “por no requerirse en este caso un mínimo de tres cotizaciones previas, se procedió a solicitar una cotización en forma directa al proveedor (…) la que ha resultado ser conveniente para los intereses de esta entidad”.
Seguridad necesaria
De acuerdo con fuentes consultadas, durante 2025 hubo amenazas directas sobre la seguridad de la contralora Pérez, lo que hacía necesario que el proveedor seleccionado incluyera “blindaje balístico, cuyos estándares fueron indicados según la experiencia y análisis de la entidad policial en la materia”, que advirtió esta necesidad.
Porque efectivamente, hubo un análisis policial y del Ministerio Público sobre potenciales riesgos, siendo las primeras medidas tomadas entonces el aumentar la dotación de guardaespaldas, mejorar la protección en el ingreso al edificio institucional ubicado en Teatinos 56, y dentro del gasto autorizado, también se compró una SUV Toyota 4Runner de alto estándar por $48 millones. Esto último, bajo la justificación que el vehículo institucional tenía cerca de 10 años de antigüedad y fue adquirido mediante un proceso de licitación.
Y si bien esto es un alto estándar de seguridad, el cual no tiene por ejemplo la presidenta de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich, a principios de mayo la Contraloría emitió el Dictamen N° D262/2026, mediante el cual autorizó a las municipalidades adquirir de forma excepcional elementos de seguridad y protección para alcaldes, concejales y funcionarios que hayan denunciado amenazas concretas.
Pero la preocupación no es nueva, sólo lo es el blindaje. En septiembre de 2016, cuando el contralor era Jorge Bermúdez, y tras una serie de amenazas de muerte en su contra, se solicitó el entonces ministro del Interior, Mario Fernández, un mayor resguardo de Carabineros en sus actividades públicas.
