Si bien ya existe una ley que regula los controles para detectar eventual consumo de drogas ilícitas en algunos funcionarios públicos, en el Ejecutivo anunciaron una modificación para sancionar con la cesación del cargo a quien arroje positivo, tras el caso del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez.
En un verdadero zapato chino se metió el Gobierno tras pedir la renuncia del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, luego que diera positivo en un examen de drogas realizado en junio pasado, pero cuya contramuestra todavía no ha sido analizada para confirmar o descartar el resultado del test, como lo establece la actual legislación.
El decreto 1215, del año 2006, que fija las normas que regulan los controles respecto del consumo de drogas ilícitas de algunas autoridades públicas, según lo establece la Ley N° 18.575, establece en el artículo vigésimo segundo que cuando haya resultados positivos, “la autoridad superior del órgano deberá citar a una entrevista privada individual al afectado para notificarlo por escrito y para que acepte como cierto o rechace el resultado positivo del mencionado control”.
En caso que la persona “acepte dichos resultados, será sometida a exámenes médicos para los efectos de determinar si tiene dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”, agregando que la “determinación de la referida dependencia requerirá de una certificación médica basada en los exámenes que correspondan”.
De igual forma, la actual ley ya establece que en caso de que la persona que dio positivo, “rechazara dicho resultado, deberá manifestar formalmente y por escrito al momento de ser comunicado dicho resultado que no lo acepta como válido y solicita que la contramuestra sea sometida a control”. Como es el caso del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez.
Por tal razón, lo que vine ahora, es conocer si el resultado de la contramuestra -que fue tomada al mismo tiempo- también es positivo o no. En caso de serlo, la norma señala que “la autoridad superior deberá comunicar dicho resultado al afectado, quien deberá someterse a exámenes médicos para los efectos de determinar si tiene dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”.
Sin embargo, si el resultado de la contramuestra es negativo, “se tendrán como resultados definitivos y válidos”, establece la ley.
Más aún, el artículo vigésimo cuarto señala que en caso que se acredite una dependencia de la persona a alguna droga ilícita, “el afectado, junto con admitirla ante el superior jerárquico, se someterá a un programa de tratamiento y rehabilitación en algunas de las instituciones acreditadas por la autoridad sanitaria respectiva”.
“Si concluye ese programa satisfactoriamente, deberá aprobar un control de consumo toxicológico y clínico que se le aplicará, con los mecanismos de resguardo contemplados en la ley 19.628, o el texto que lo reemplace”, agrega la norma.
Finalmente, el artículo vigésimo quinto sanciona a quienes rechacen el cumplimiento de cualquiera de las normas previstas, “con la medida disciplinaria de destitución del infractor. Lo anterior será sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, si procedieren”.
Presidente José Antonio Kast y exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez. Fuento foto: Presidencia.
Cesación del cargo por consumo de drogas
En medio de los cuestionamientos al Gobierno por el test positivo que arrojó el exsubsecretario de Hacienda y como forma de aplacar las críticas, el presidente José Antonio Kast, firmó un proyecto de reforma constitucional para incorpora una nueva causal de cesación en el cargo para autoridades que registren consumo de drogas ilícitas.
En la actualidad, el artículo 110 de la Ley de Reajuste del Sector Público, establece que “todos los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio al momento de asumir su cargo deberán someterse a un examen de consumo de drogas” ilícitas, cuyo examen deberán repetir al menos dos veces al año tras asumir el cargo y fijando que “el examen deberá realizarse a través de una muestra biológica de pelo y sus resultados serán públicos”.
Aun cuando desde el Ejecutivo apuntarona a que más autoridades se somentan a este tipo de controles como senadores, diputados, delegados presidenciales provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales, advirtió la reforma constitucional solo abordara la causal de cesación en el cargo.
Presidente José Antonio Kast junto a ministros y parlamentarios en la firma de la reforma constitucional. Fuente foto: Presidencia.
Solo un “enunciado”
Durante la presentación de la iniciativa el presidente José Antonio Kast, planteó que ya existen “distintos cuerpos legales que abordan esto, algunos de manera transitoria como son las leyes de Presupuestos y de Reajuste, como también algunas permanentes como la ley de Drogas y la ley de Bases de Administración del Estado”.
El mandatario agregó que “la ciudadanía cada vez nos exige más como autoridades, cada vez exige más transparencia. Y en eso creo que tenemos que oír, no solo a la ciudadanía sino también cómo la legislación se va haciendo cargo de fenómenos que antes no conocíamos”.
Kast sostuvo que “el tema del narcotráfico, el tema de la droga, el tema del crimen organizado, ha ido infiltrando a distintas naciones”.
Si bien argumentó que “Chile puede ser un líder en legislación moderna” respecto al tema, aclaró que “la reforma constitucional no lo es todo, señala un camino que ya se ha indicado en distintas normas o iniciativas legales”.
Sin embargo, aseguró que “por distintas razones o circunstancias nunca se llega a la normativa final, aquella que establece claramente cuáles son los parámetros que deben regir para que alguien se someta a un examen y que ese examen, no solamente sea público, sino que también tenga una sanción. Eso requiere un trabajo adicional a la reforma constitucional”.
En ese sentido, el presidente Kast reiteró que “la reforma constitucional es un enunciado que ustedes tendrán que legislar, para darle también certeza a cada autoridad de que esto se va a hacer de manera científica, de manera comprobable y que nadie sea sometido a una sanción que no corresponda, porque un procedimiento o alguna investigación no se haya hecho de manera correcta”.
