Se trata de tres sociedades con un mismo representante legal, que alcanzaron a prestar los servicios licitados con documentación falsa durante poco más de dos años, hasta que por diversas faltas se les terminó anticipadamente el contrato, destapándose el fraude.
Por mala prestación de servicios y acumulación de multas, tres empresas contratistas que habían licitado diversos servicios de alimentación para la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que debían cumplirse entre los años 2022 y 2025, obligaron al organismo a declarar el término anticipado de esos contratos. Documentación en mano, fueron a cobrar las boletas de garantía correspondientes en estos casos, y tal fue la sorpresa del funcionario cuando en el banco le dijeron que esos documentos eran falsos.
Según pudo constatar redacción, Las empresas denunciadas en la querella que Junaeb presentó en mayo de 2024, son Sociedad de Servicio y Alimentos Ifood SpA, Tecnología en Alimentos SpA y Casinos Integrados SpA, y corresponden a un mismo propietario y representante legal, Iván Orellana Godoy, sobre quien existe una orden de detención vigente, ya que el ejecutivo no se presentó a la audiencia de formalización de cargos solicitada por el Ministerio Público, que estaba citada para el 30 de marzo de 2026, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
La Fiscalía Centro Norte formalizaría al representante legal por los delitos de estafa y uso malicioso de documento privado falso reiterado y estafa reiterada, cometidos los años 2023 y 2024,
Según indica la querella, “esta institución constató que las tres empresas antes mencionadas, habían incurrido en una serie de incumplimientos a las exigencias técnicas y operativas en la entrega del servicio, en virtud del informe técnico emitido por el Departamento de Alimentación Estudiantil de la Dirección Nacional de JUNAEB, razón por la cual se dispuso unilateralmente el término anticipado de los contratos suscritos con dichas empresas, lo que se estableció mediante la Resolución Exenta N°DN01080/2024, respecto de Tecnología en Alimentos SpA; Resolución Exenta N°DN0107972024, respecto de Sociedad de Servicios y Alimentos Ifood SpA y; Resolución Exenta N°DN-01078/2024, tratándose de Casinos Integrados SpA, todas de fecha 08 de abril” de 2024.
Junaeb entonces procedió a realizar el cobro de cuatro boletas de garantía de fiel cumplimiento de contrato, entregadas por cada una de las empresas en cuestión, y que corresponden a las boletas números 3549036, 3549035, 3549037 y 3549039, con fechas de emisión el 23 de febrero de 2024, y fecha de vencimiento dos de ellas el 28 de febrero de 2025 y otras dos el 31 de diciembre del mismo año, que suman un total de $855 712 276 pesos en garantías a cobrar por no cumplimiento del contrato a cabalidad.
Y sucedió que cuando el funcionario de la Sección de Tesorería del departamento de Administración y Finanzas fue a la Casa Central del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) a realizar el trámite, el jefe de servicio al cliente “le informa que los documentos mercantiles cuyo cobro se pretendía, no fueron emitidos por el Banco BCI, por lo tanto, se trataría de instrumentos falsos”, relata la denuncia.
Empresas endeudadas
En los registros públicos, Jorge Iván Orellana Godoy y su esposa Elizabeth Ibáñez Mora, figuran reiteradamente como socios y representantes legales en, al menos, 12 empresas y sociedades del rubro de alimentos en Chile que componen el Grupo TIC.
Pero la situación financiera del conglomerado no era muy sana. Ejemplo de ello, se encuentra en los antecedentes contenidos en la Resolución Exenta Nº DN-01225/2024 de “término anticipado unilateral del contrato celebrado con proveedor Sociedad de Servicios y Alimentos Ifood SpA, por el servicio de suministro de raciones alimenticias para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Programa de Alimentación de Párvulos (PAP) para los años 2022, 2023, y hasta diciembre de 2025”.
Allí se indicaba que, a través del informe Dicom emitido respecto de Sociedad de Servicios y Alimentos Ifood, con fecha 03 de abril de 2024, en su resumen financiero señala que la empresa en cuestión mantiene un total de 41 documentos morosos por $213 440 000. De ellos, 25 son documentos protestados por $200 720 000, y 16 documentos referentes a multas e infracciones (laborales) por un total de $12 720 000, lo que a juicio de este servicio podría evidenciar un notorio estado de insolvencia por parte de la empresa”.
Casinos Integrados SpA, por su parte, a la misma fecha en su informe financiero presentaba un monto total de $363 111 000 por documentos impagos; y la empresa Tecnología en Alimentos SpA, mantenía un monto total adeudado en Dicom de $214 414 000.
De hecho, en agosto del año pasado dirigentes sindicales reportaron que el Grupo TIC adeudaba el pago de finiquitos a aproximadamente 700 trabajadoras del rubro de alimentación escolar, principalmente manipuladoras de alimentos.
Otros casos en el país
Las fallas en los mecanismos de control interno de las instituciones públicas pueden permitir la ocurrencia de delitos como estos y que nadie los detecte a tiempo. En las compras públicas, que es el sistema donde adquieren bienes y servicios los organismos del Estado, incluidas las municipalidades, se requiere constante vigilancia.
En este caso, la falla está en que la institución no verificó las garantías en la institución bancaria que supuestamente las había emitido, “lo que falla son los mecanismos de control interno de la Junaeb, porque es una institución que tiene equipo jurídico, tiene abogados que podrían haber sospechado o haber identificado que el ente privado entregó garantías falsas. Y hoy día la pregunta es, ¿quién paga? Porque esas garantías ya son falsas”, explica un abogado sobre el punto.
Otras investigaciones recientes por delitos similares, incluso llevaron a propuestas para crear un registro público de empresas que han incurrido en esta práctica, como es el Caso Municipios del Biobío el año pasado, cuando se denunció que empresas constructoras presentaron boletas de garantía falsificadas para respaldar millonarios proyectos municipales. Y en 2026, en el llamado Caso Serviu Coquimbo, se denunció que una empresa a cargo del proyecto habitacional “Última Esperanza” en Los Vilos utilizó una boleta de garantía falsa por aproximadamente $1200 millones de pesos para cobrar un anticipo.
Pero, quizás, uno de los casos más recordados es el de la empresa constructora Pixel, que entre los años 2015 y 2019 presentó boletas de garantía falsas al Servicio de Salud Aconcagua y otros organismos por obras hospitalarias, generando un perjuicio al Estado de unos cuatro mil millones de pesos, por lo que sus ejecutivos fueron a juicio.
