En una carta, más 50 académicos indicaron que la eventual materialización de la AC “podría generar efectos perjudiciales para la calidad de nuestras instituciones democráticas”. En la oposición advierten efecto boomerang si prospera la iniciativa.
Haciendo uso de una tómbola de verdad, la Cámara de Diputadas y Diputados definió a los cinco parlamentarios que integrarán la Comisión que revisará la cuestión previa de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
La acción, que fue presentada por los diputados Álvaro Jofré (PNL), Ignacio Urcullú (PRCh), Javier Olivares (PDG), Patricio Briones (PDG), Daniel Valenzuela (Indp), Cristóbal Urruticoechea (PNL), Francisco Orrego (RN), Roberto Arroyo (PSC), Benjamín Moreno (PRCh), Valentina Becerra (PRCh), Gloria Naveillan (PNL) y Paulina Muñoz (PNL), consta de cuatro capítulos.
Respecto de la Comisión, está quedó integrada por la diputada y presidenta de la instancia, Marcela Hernando, Joanna Pérez, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi y Luis Sánchez.
La AC plantea que el exministro Grau habría infringido la Constitución respecto de las normas que regulan la administración financiera del Estado, al haber mantenido las proyecciones cuestionadas y no considerar todas las advertencias técnicas planteadas por el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional y la Dirección de Presupuestos.
Además, se le acusa de vulnerar los principios de unidad y coordinación que rigen al ministerio de Hacienda, omisión de obligaciones y compromisos financieros relevantes y vulnerar el deber de consistencia y coherencia de la programación financiera del Estado.
Economistas se cuadran con Grau
Conocido el libelo, más de 50 académicos y economistas de diversas universidades del país, cuestionaron la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, indicando que “carece de fundamentos y su eventual materialización podría generar efectos perjudiciales para la calidad de nuestras instituciones democráticas y para el orden fiscal que el país ha construido durante décadas”.
En la carta, expresan que si bien “la acusación constitucional tiene por propósito resguardar el cumplimiento de la Constitución, en los últimos años distintos sectores políticos han recurrido a esta herramienta para abordar diferencias de criterio político o técnico, debilitando la legitimidad de un importante mecanismo de control democrático”
En cuanto a los planteamientos que sustenta la AC, manifestaron que “las proyecciones fiscales y de deuda pública constituyen ejercicios técnicos, que dependen de supuestos acerca de la evolución futura de variables económicas, financieras y fiscales”, por lo que, “las diferencias entre proyecciones bajo distintos supuestos son habituales en todos los países, y forman parte del debate legítimo propio de la disciplina económica”.
De igual forma, aseguraron que “el resultado observado de una proyección no constituye, por sí mismo, una infracción constitucional”, ya que “dada la existencia de ambigüedades en la metodología para proyectar deuda, es posible que dos proyectistas distintos, realizando control de calidad, lleguen a resultados diferentes”.
En la declaración, suscrita por 52 académicos, entre ellos, los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara, Roberto Zahler y José De Gregorio; el profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) Sebastián Edwards y los economistas David Bravo, Raphael Bergoeing, José Miguel Benavente y Harald Beyer, entre otros, llamaron “a los representantes políticos de todos los sectores a actuar con responsabilidad” y resguardar “la credibilidad de los mecanismos de control democrático”.
Oposición advierte efecto boomerang
La oposición, por su parte, junto con cuestionar la medida, adelantó que de prosperar la acusación constitucional contra de Nicolás Grau, se marcaría un precedente que podría terminar afectando al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
El efecto boomerang de la medida la planteó la diputada del Frente Amplio (FA) Gael Yeomans, al sostener que lo que se quiere instalar “es que cuando no calzan las cifras, cuando hay diferencias entre el Consejo Fiscal Autónomo y las proyecciones que hace el Gobierno, entonces hay que presentar acusaciones constitucionales”.
La parlamentaria argumento entonces que “si el próximo año el ministro Quiroz no se hace cargo de las diferencias generadas, eventualmente hay que presentarle una acusación constitucional”.
Su par del PPD, Raúl Soto, en tanto, advirtió al oficialismo que “si persisten en esta actitud y dejan instalados ciertos precedentes, el día de mañana esos mismos precedentes podrían servir para analizar una acción contraria, que yo esperaría que no tenga que ocurrir”.
