Desde la agrupación acusaron al Gobierno de hacer una caricatura de los deudores y utilizarlos “para justificar agendas que solo benefician a unos pocos”. En el oficialismo, en tanto, pidieron mayor prolijidad en el cobro.
Una serie de críticas y cuestionamientos se han levantado desde todos sectores políticos, luego que se conocieran varios casos de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que quedaron con sus cuentas bancarias en cero, tras el embargo de los montos por parte de la Tesorería General de República (TGR).
Si bien desde el Gobierno se indicó en su momento que solo se perseguiría a aquellos deudores que tuvieran remuneraciones por sobre los 3 millones de pesos. En la práctica, los embargos se han aplicado sin ese criterio político, en línea con la estrategia comunicacional del Ejecutivo de negar las cosas y luego concretarlas igual, como ha ocurrido con el recorte de derechos sociales, los cuales, falsamente se dijo en campaña que no tocarían.
En este escenario, y luego que el tema fuera abordado en el comité político de la Moneda, la Coordinadora Nacional de Deudores del CAE emplazaron al Gobierno a no caricaturizarlos y utilizar sus casos para “justificar su agenda”.
Por medio de un comunicado, señalaron que las declaraciones del presidente José Antonio Kast, buscan “criminalizarnos” y hacerlos “responsables de la crisis de la educación o que los convenios actuales solucionan el problema de fondo”, lo que calificaron como “una total mentira”.
En ese sentido, detallaron que “la realidad es muy distinta: Las familias endeudadas por estudiar no somos culpables de un sistema fallido; somos las víctimas de un modelo que transformó un derecho social en una mochila financiera impagable y solo favoreció el negocio de los bancos con nuestros sueños de un futuro mejor”.
“Los convenios de pago actuales, lejos de ser una solución nos están asfixiando con condiciones rígidas que no se ajustan a nuestra realidad económica”, sostuvieron.
Propuesta de la Coordinadora
Debido a la situación que ha gatillado la decisión del Gobierno, la agrupación propone que de manera urgente se frenen los embargos: “Detener de inmediato las acciones judiciales y el secuestro de bienes que amenazan la estabilidad y el patrimonio de los hogares”.
Además, piden que los convenios sean “realistas”, adecuando “las condiciones de pago a los ingresos reales de cada familia, incorporando salvaguardas explícitas y mecanismos de protección ante posibles situaciones de cesantía o desempleo a futuro”.
Respecto del monto de la deuda, piden que esta sea traspasada a pesos y “eliminar de inmediato el reajuste por la Unidad Tributaria Mensual (UTM) que vuelve las deudas eternas e impagables, congelándolas en montos fijos en pesos”
Finalmente, exigen que el pago se ajuste solo a lo demandado originalmente por el banco “eliminando los reajustes usureros y los costos de cobranza abusivos que se acumulan de manera artificial”. Argumentando que “la salida a este problema debe ser justa, real y empática con las familias chilenas”.
Oficialismo pide prolijidad
En el Gobierno, por su parte, valoraron los resultados que ha tenido la medida, indicando que alrededor de 30 000 personas han regularizado su situación con la Tesorería General de la República.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que habrá “todo tipo de facilidades, todo tipo de plazo, todo tipo de comprensión, pero las deudas se pagan”, agregando que “si hubiera gente por debajo de los 3,5 millones al mes, yo voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se le puede buscar una solución distinta”.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que se le pidió al Ejecutivo “atención y prolijidad, porque ha habido algunos casos que se escapan a lo anunciado por el Gobierno. Y evidentemente que si el Gobierno hace un anuncio de a quiénes les va a cobrar, la intención es cobrarle a esas personas y no a otras. Por lo mismo, se pidió mayor prolijidad”.
Desde Renovación Nacional, en tanto, el diputado Eduardo Durán, sostuvo que “es un deber ético devolver los recursos públicos en los que el Estado actuó como aval, porque el CAE no es gratuidad. Sin embargo, desde RN pedimos al Gobierno que la cobranza judicial tenga criterio y sea menos estricta con quienes hoy ganan menos de $1,5 millones, adaptándose a la difícil situación económica actual”, enfatizó.
