El Ejecutivo indicó que la iniciativa tiene como objetivo quitar “beneficios sociales como la gratuidad en educación, la Pensión Garantizada Universal (PGU) o el Subsidio de Arriendo” a quienes ingresen a este listado. La Corte Suprema, en tanto, aseguró que el proyecto del Gobierno “poco aporta”.
La iniciativa legal, que busca crear un Registro Único de Incivilidad y Actos Vandálicos, ingresó el pasado sábado al Congreso Nacional y es “parte decisiva de la agenda del Presidente de la República y esperamos que se discuta esta semana”, para que “prontamente pase a las comisiones respectivas, lo que da cuenta de la vocación que tiene el Gobierno de alinear las urgencias sociales con las prioridades del Gobierno en materia de seguridad”, dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13.
El anuncio sobre el envío de la propuesta la hizo el presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública, el 1 de junio pasado, mientras que en la página web del Gobierno se explicita que, en general, “la iniciativa que busca mantener un registro de vándalos e incivilidades tiene como objetivo quitarles beneficios sociales como la gratuidad en educación, la Pensión Garantizada Universal (PGU) o el Subsidio de Arriendo”.
Entre los delitos que se considerarán para este registro, se encuentran, entre otros: atentados contra carabineros y personal de los servicios de salud; retención del transporte público; tráfico de estupefacientes; daño a monumentos nacionales. Además, el proyecto de ley propone calificar de incivilidades conductas como la venta ilegal de alcohol; consumo de drogas en la vía pública; rayados sin autorización a la propiedad pública y privada y la destrucción de equipamiento comunitario.
Además de eventuales beneficios sociales, la medida también apuntaría impedir trámites como la devolución de impuestos a la renta y no obtener ni renovar documentos de identidad.
Informe de la Suprema
Sobre esto, la propia Corte Suprema emitió un informe con el análisis realizado al proyecto de ley en cuestión, a solicitud de la presidencia del Senado, y en ese contexto el máximo tribuna planteó que “la propuesta poco aporta”, en el sentido que las modificaciones en cuanto al consumo de alcohol en la vía pública están consideradas en la ley existente.
En sus conclusiones, la Corte Suprema indica que, “en lo relativo a las atribuciones de los tribunales de justicia se propone una modificación al artículo 25 de la ley N°19.925, mediante la cual se establece que, al momento de determinar la sanción aplicable a la infracción a la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en determinados lugares, los juzgados de policía local podrán considerar especialmente la reiteración de la conducta para la determinación de la sanción dentro del rango legal; y si bien en la actualidad la ley entrega herramientas de determinación discrecional de la sanción de los infractores, dentro de los marcos legales, la propuesta poco aporta a ese escenario, pues se describe como no vinculante y carente de contenido”.
Y como en este punto, en otras situaciones que se plantean en este listado de incivilidades también existen leyes, que en muchos casos son delitos, y que cuentan con sanciones, incluidas penas de cárcel como es el tráfico de drogas, la venta ilegal de productos como alcohol, destrucción o daño a la propiedad. Por eso, los juristas han puesto las alertas para evitar que se generen faltas al debido proceso, ya que el registro debe basarse estrictamente en resoluciones judiciales (condenas o sanciones impuestas) y no en meras detenciones o denuncias.
Consultados sobre el proyecto los diputados de oposición que integran la Comisión de Seguridad Pública, se excusaron de entregar declaraciones a Redacción, asegurando que esperarán a revisar los alcances de la iniciativa legal presentada por el Gobierno, cuya tramitación se iniciará esta semana en la instancia legislativa y donde el oficialismo es mayoría.
Cíticas a la propuesta
Si bien desde el Gobierno han querido posicionar el proyecto de ley como un punto relevante dentro de la agenda de seguridad, han surgido una serie de reparos por parte de sectores del oficialismo, que se suman a las críticas de la oposición que ve en la iniciativa legal sesgo clasista.
El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, ya implementa un registro de incivilidades en la comuna y advierte que la sanción no puede ser solo para algunos, considerando que en los sectores más acomodados también se cometen incivilidades, pero ese grupo social no requiere de beneficios sociales, por lo que plantea que las sanción debe ser universal, ya que no se puede “convertir el registro de vándalos en un registro de vulnerables“, sostuvo a La Tercera.
En esa misma línea también se ha manifestado el destituido ministro de Educación, Harald Beyer, al señalar que el registro de vándalos no es lo ideal para una sociedad democrática, ya que no le parece que se tenga que estar vinculando los beneficios sociales a este tipo actos como las incivilidades. En declaraciones a Emol TV, el académico afirmó que sabe que es una medida popular, “pero hay formas más razonables de impedir que estas personas después puedan acceder a beneficios sociales. Sobre todo, por que en muchos casos se trata de personas jóvenes que cometen estas situaciones sin pensar demasiado y tienen derecho a reinventarse. Por lo tanto, privarlos de ciertos beneficios me parece que no tiene mucho sentido“.
