Fiscalía de Los Ríos formalizó al alcalde de Río Bueno, a su conviviente y a otros cuatro imputados por delitos de corrupción, mientras que, en Maule, el exalcalde de Villa Alegre quedó en prisión preventiva por compra de terreno fraudulenta. Sin embargo, en el caso del edil de Chillán, por delito similar, el tribual solo le dio arraigo nacional, sin considerar las presiones que han sido denunciadas por funcionarios testigos en el hecho investigado.
Dos alcaldes en ejercicio y uno que ya dejó el cargo, fueron formalizados en estos días por delitos de fraude al Fisco y similares, vinculados a hechos de posible corrupción. Estos funcionarios públicos, que llegaron al cargo por mandato popular, se suman a un grupo de al menos otros 10 ediles que han sido formalizados por delitos de esta índole en lo que va de 2026.
La Fiscalía Regional de Los Ríos formalizó este lunes al alcalde de Río Bueno, Luis Reyes Álvarez (UDI), a su conviviente y otras cuatro personas por delitos de corrupción relacionados con irregularidades en licitaciones, contratos y pagos de obras municipales, cometidos entre los años 2017 y 2022, y se imputa pagos de coimas por unos $36.360.000. Aún no se sabe qué medidas impondrá el tribunal en su caso.
El mismo día, en el Juzgado de Garantía de San Javier se formalizó al exalcalde de Villa Alegre, Pablo Benito Fuentes Vallejos (Ind-RN), por un hecho de 2022, cuando el imputado comenzó a realizar trámites a fin de adquirir un terreno que sería destinado para la construcción de un Centro Comunitario de Salud Familiar o Posta Estación, para el sector del mismo nombre en esa comuna. El tribunal decretó la prisión preventiva del exalcalde, ingresando a la nueva cárcel La Laguna, en Talca.
A ellos se suma la situación del edil de Chillán, Camilo Benavente, sobre quien se imputaron cargos el pasado viernes por la compra del terreno de la medialuna de la ciudad, a casi el doble del precio real. El tribunal solo consideró como cautelar el arraigo nacional, y descartó como un problema para el éxito de la investigación las denuncias de funcionarios sobre presiones indebidas a potenciales testigos.
La fiscal de Chillán, Nadia Espinoza, señaló que “echamos de menos en este caso, sobre todo la prohibición de acercarse al municipio y de tener contacto con personas de este, (ya que) tal como lo expusimos en la audiencia, tenemos antecedentes de que han existido algunas presiones por parte del alcalde, precisamente, y de entes del municipio, hacia algunas personas que son testigos en esta causa y que obviamente tenemos que entrevistar. En ese sentido, claramente consideramos que son escasas las medidas cautelares que el tribunal ha decretado, pero destacar que tampoco hizo caso a la pretensión de la defensa en cuanto a no decretar ninguna medida cautelar”.
Audiencia de formalización de cargos contra el alcalde Luis Reyes Álvarez (primero de derecha a izquierda en la imagen) y otros seis imputados se retoma este martes.
El caso de Río Bueno: licitaciones a la medida
Irregularidades en licitaciones, contratos y pagos de obras municipales, cometidos entre los años 2017 y 2022, son los antecedentes que llevaron a la Fiscalía Regional de Los Ríos a formalizar al alcalde en ejercicio de Río Bueno, Luis Reyes Álvarez, junto a otras cinco personas.
Según indicó la fiscal María Consuelo Oliva en la audiencia ante el Juzgado de Garantía, el jefe comunal habría solicitado y recibido al menos $36.360.000 en beneficios económicos indebidos de empresarios y contratistas, a cambio de favorecerlos mediante actuaciones contrarias a sus deberes funcionarios. Además, la Fiscalía detectó alrededor de $90 millones en depósitos en efectivo realizados en la cuenta corriente personal del alcalde, cuyo origen no ha podido ser identificado.
Una de las líneas de investigación establece que el alcalde recibió $27.860.000 de un empresario del rubro de la construcción, cuyas sociedades se adjudicaron diversos proyectos municipales. A cambio, favoreció a estas empresas mediante irregularidades en los procesos de licitación, la agilización de estados de pago y la condonación improcedente de multas por incumplimientos contractuales.
La Fiscalía le atribuyó, además, haber recibido $3 millones del representante de una productora que se adjudicó por $85 millones la organización de la Semana Río Buenina 2020, mediante una licitación direccionada para favorecer a ese proveedor.
Asimismo, se investigan pagos por $5.500.000 provenientes de otro empresario constructor, quien no pudo ser formalizado durante esta jornada debido a que presentó una licencia médica.
La investigación también permitió detectar numerosas transferencias electrónicas y depósitos en efectivo realizados a la cuenta corriente personal del alcalde, así como movimientos bancarios efectuados mediante cuentas de terceras personas, entre ellas su conviviente. Estas operaciones tuvieron como finalidad ocultar el origen ilícito de los recursos, mediante la utilización de intermediarios o testaferros
Según los antecedentes comunicados por el Ministerio Público, parte de los recursos investigados ingresó al patrimonio del alcalde y fue utilizado posteriormente para financiar la adquisición de bienes y el pago de distintos servicios.
En definitiva, el alcalde fue formalizado por delitos de cohecho agravado reiterado y lavado de activos; un empresario constructor, por soborno reiterado y lavado de activos; el representante de una productora de eventos por soborno; así como también la conviviente del alcalde, una secretaria vinculada a las empresas constructoras investigadas y un funcionario municipal, fueron formalizados por lavado de activos.
La audiencia continuará este martes 20 de octubre, donde se discutirán las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía respecto de los seis imputados formalizados.
Pablo Fuentes Vallejos, exalcalde de Villa Alegre (período 2021-2024)
Exedil de Villa Alegre quedó en prisión preventiva
El hecho investigado por la fiscalía se remonta al año 2022 cuando el imputado Pablo Fuentes Vallejos, en esa época alcalde de Villa Alegre, comenzó a realizar trámites a fin de adquirir un terreno que sería destinado para la construcción de un Centro Comunitario de Salud Familiar o Posta Estación, para el sector del mismo nombre de esa comuna.
Las diligencias permitieron establecer que por la compra de seis mil metros cuadrados la municipalidad, vía trato directo con el propietario, pagó un precio de 101 millones 697 mil pesos, cuando en realidad el verdadero valor y, por el cual se vendieron loteos colindantes, es de 15 millones de pesos, es decir, se ejecutó un perjuicio fiscal de 85 millones.
El fiscal Patricio Caroca señaló que “los hechos acreditados por nuestra investigación dan cuenta de una maniobra defraudatoria consistente en la compra directa de un terreno agrícola por la suma de 100 millones de pesos, en circunstancias que el real valor de ese inmueble no superaba los 15 millones de pesos. Estamos hablando de un sobreprecio desmesurado de casi un 600% más del valor real de mercado, por un predio que no sólo no cumplía con los requisitos legales ni técnicos, sino que significó además para la comuna de Villa Alegre la adquisición de un inmueble completamente inútil que no ha podido ser utilizado para el Centro de Salud prometido”.
“Aquí no estamos frente a simples errores de administración ni a falta de experiencia, estamos hablando de funcionarios públicos a cargo de la custodia de fondos de todos los ciudadanos, personas plenamente instruidas que cuentan con equipos de asesores que conocen perfectamente la ley y que, de manera deliberada, decidieron torcer la ley para defraudar el patrimonio municipal”, indicó el persecutor penal.
Informes falsos de tasación ejecutados por dos arquitectos que utilizaron como “testigo de mercado”, inmuebles urbanos y edificados de la ciudad de Linares, fueron claves para justificar el sobre valor del terreno.
Por ello, mientras las diligencias en torno a este delito continúan, el exedil fue enviado a prisión preventiva en la cárcel La Laguna, en Talca.
Otros casos del año por fraude al Fisco
El alcalde de Linares, Mario Meza (RN), y otras 14 personas fueron acusados por fraude al fisco reiterado en el llamado caso Cloro, en el que se investigaron presuntas irregularidades en compras municipales durante la pandemia. Para el próximo 3 de noviembre está agendada la audiencia de preparación del juicio oral.
Por fraude al fisco fue formalizado a principios de junio el alcalde de La Calera, Johnny Piraino Meneses (DC), ya que presuntamente usó un camión aljibe y una retroexcavadora municipal en su domicilio particular ubicado en Nogales, en hechos que habrían ocurrido entre marzo y abril de 2023
Juan Galdames, alcalde de Rinconada, también es investigado por una compra de terrenos con supuesto sobreprecio de $930 millones. Fue formalizado en mayo y está con arresto domiciliario nocturno.
El alcalde de Coronel, Boris Chamorro (PS, con militancia suspendida) enfrenta una solicitud de pena de ocho años de cárcel por un presunto delito reiterado de cohecho en el caso Puerto Coronel. En la investigación se estableció que la autoridad comunal habría recibido sobornos por 82 millones de pesos, montos que, según la acusación, fueron entregados por orden de exgerentes del Puerto Coronel, quienes también están formalizados en la causa.
