Fue durante la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados que el ministro de Justicia defendió nuevamente la legalidad de su actuar, tras la firma de los 56 decretos de rebaja de penas a pedófilos y pederastas que permitieron su liberación.
Con votos del oficialismo, en tanto, la oposición logró aprobar un proyecto de resolución donde se pide al Presidente de la República, que solicite la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, además de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira, debido a sus responsabilidades políticas y administrativas en la aprobación de las solicitudes.
De poco le sirvió al Gobierno que fuera el presidente, José Antonio Kast, quien asumiera la responsabilidad política de los “errores” cometidos por las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la aprobación de solicitudes de rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes; debido a que no logró contener la ofensiva opositora, sino que más bien terminó sumando voces oficialistas a la petición de renuncia de Fernando Rabat.
Previo a la sesión especial de la Cámara, la oposición presentó un proyecto de resolución para pedirle al Presidente de la República cinco medidas relativas al tema, donde se incluye la renuncia del ministro Rabat y de los subsecretarios de Justicia, Luis Silva, y de Derechos Humanos, Pablo Mira, iniciativa que fue aprobada con apoyo del oficialismo por 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones.
Entre los parlamentarios oficialistas que respaldaron la iniciativa están los RN Juan Carlos Beltrán, Carlos Chandia, Eduardo Durán, René Manuel García, Mauro González, Claudia Mora y Ximena Ossandón; además de los diputados de Evópoli Jorge Guzmán y Tomás Kast. Mientras que los UDI Flor Weisse, Guillermo Ramírez, Jorge Alessandri, entre otros, se abstuvieron.
De igual forma, el proyecto de resolución le solicita al mandatario “priorizar las reformas legislativas necesarias para impedir que estas situaciones vuelvan a repetirse y garantizar la protección de las víctimas. Instruir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que evalúe y agote todas las alternativas legales que permitan dejar sin efecto, mediante su revocación o invalidación, los 56 decretos que han autorizado rebaja de condenas por delitos sexuales contra menores de edad”.
Asimismo, piden al Ejecutivo “adoptar medidas inmediatas para ir en ayuda, protección y resguardo de aquellas víctimas de delitos sexuales y de lesa humanidad, poniendo a su disposición equipos multidisciplinarios de apoyo jurídico y psicosocial y disponer las urgencias para tramitar a la brevedad el proyecto que aborda la prohibición total de la rebaja de penas a condenados por delitos violentos y la participación de la víctima en el proceso de concesión del beneficio; así como el envío al Congreso de un mensaje que aborde el establecimiento definitivo de tribunales de ejecución de pena”.
Votación proyecto de resolución donde se incluye pedir al Presidente que solicite la renuncia del ministro Fernando Rabat y los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira.
Acusación constitucional
En un caótico hemiciclo se llevó a cabo la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el ministro de Justicia, Fernando Rabat, volvió a reiterar los argumentos jurídicos que motivaron su actuación administrativa respecto de los decretos, pero aún sin explicar en detalle y de manera fundamentada qué lo llevó a cambiar el criterio de rechazo que se venía aplicando desde el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Rabat llegó acompañado del ministro de la Segpres, José García, los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira y biministro de Interior y Gobierno, Claudio Alvarado, y en su exposición insistió en haber actuado apegado a la legalidad y constantemente sacó a colocación decretos firmados por el gobierno anterior con el fin de empatar la situación, pese a que en la administración pasada el criterio fue rechazar las solicitudes de violadores y abusadores sexuales de menores de edad.
A la salida del hemiciclo, el ministro de Justicia señaló que los diputados no le reprocharon “ni una sola infracción de ley ni de la Constitución” y aseguró que no va “a cejar hasta que ningún delincuente que haya abusado o violado de niños nunca más esté en la calle, y el compromiso, cumpliendo las instrucciones del señor Presidente de la República, es preocuparnos ahora de las víctimas. Nuestro Estado, nuestros órganos especializados, van a evitar la revictimización”, sostuvo Rabat.
Por su parte, la oposición confirmó que presentará una acusación constitucional en contra del ministro Fernando Rabat, la diputada y presidenta del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, sostuvo que “hay agresores sueltos en las calles producto del error garrafal que cometieron y eso es absolutamente imperdonable. Por esa razón, hemos tomado la decisión de impulsar la acusación constitucional, porque estamos convencidos de que un error como este no puede ser avalado por el Congreso”.
La parlamentaria agregó que “si es que el presidente Kast no ha tomado la definición e insiste en ratificar su cargo a pesar de los hechos conocidos, es nuestra obligación ejercer todas las herramientas de fiscalización y eso es lo que vamos a hacer”.
El diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, por su parte, cuestionó el ambiente que se generó en el hemiciclo donde, a su juicio, “hubo soberbia, barras bravas y risas en un tema que no da risa. Y el ministro salió arrancando antes de que terminara la sesión”, agregando que se van “a sumar a la acusación constitucional”.
El diputado PPD, Cristián Tapia, en tanto, manifestó que “el ministro nos ha dejado la pelota en el área para hacer un gol y eso es una AC”, asegurando que incluso habría parlamentarios del oficialismo que “han manifestado su idea de apoyarla”.
