Desde la agrupación destacaron que el procedimiento que está llevando la Tesorería General de la República (TGR) es ilegal, ya que reinterpretaron una norma que es para quienes evaden el pago de contribuciones y lo aplicaron al CAE como si fuese un impuesto.
Como ha sido la tónica del Gobierno desde que asumió el pasado 11 de marzo, existe un relato con el cual el Ejecutivo busca justificar sus medidas y una realidad en la ejecución de éstas que no es concordante con lo que comunican públicamente. En simple, se disfrazan intenciones o lisa y llanamente se tuerce la realidad, como fue el caso del Estado en quiebra o recientemente con los supuestos niños haitianos desaparecidos.
Para el caso del cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) es igual. Se dijo públicamente que solo se buscaría -en una primera etapa- a quienes ganaran sobre los 5 millones de pesos, pero en la práctica se demandó a todo tipo de deudor, afectando a gente que está sin empleo o que su sueldo apenas supera el millón de pesos.
Cabe indicar que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya lo había señalado a propósito de los recortes a los programas sociales, asegurando que cuando se tiene real voluntad de hacer las cosas hay que aplicar la misma vara a todos y si en ese proceso se afecta a algunos que no se tenía previsto, se revisa el caso a caso. Eso es lo que está pasando con decenas de deudores del CAE.
En entrevista con redacción, Diego Martínez, integrante de la asamblea de Deudores CAE autoconvocados, sostuvo que en la agrupación “todos somos deudores, porque a pesar que estamos al día igual hay una deuda. Algunos que están morosos como yo, por ejemplo, otros que van al día pagando la deuda, otros que han aprovechado la institucionalidad de la Comisión Ingresa para pedir la suspensión por cesantía, pero todos tenemos deuda con el CAE en general”.
Martínez agregó que están “apostando a una salida colectiva, que tiene el carácter de ser política. Es decir, visualizamos que el CAE es un problema que se produce por tener a la educación como un bien de consumo y no mirarla como un derecho, como eran las primeras demandas del movimiento estudiantil desde el 2006 en adelante”.
“Es en base a eso que hemos ido planteando nuestros primeros objetivos. Estamos planteando como consiga, y así lo definió la asamblea, vamos por la condonación del CAE, vamos por la restitución de los dineros que han sido embargados de las cuentas de los deudores y la paralización de las demandas, los requerimientos de pagos que se han hecho a los deudores que ya están demandados“, reveló a redacción.
Según detalló el integrante de la asamblea -de profesión abogado- ellos no pueden “abordar los caso a caso, pero si hemos dado el mensaje de que se asesoren bien, no estamos acá para decirles que vayan por algún estudio jurídico, porque no es nuestro fin ni nuestro horizonte, pero si hemos llamado a cautela para asesorarse con abogados que sean expertos en el tema y si acá estamos pensando por una salida colectiva, es importante, desde el punto de vista jurídico, frenar el proceso y presentar todas las defensas a través de la excepciones que te permite la norma tributaria”, sostuvo.
Catastro de los afectados por el cobro
Si bien la agrupación sigue trabajando para categorizar todos los casos, hasta el momento han corroborado que los embargos de la Tesorería General de la República “se han producido directamente a las cuentas de dos tipos de personas. Los que no se defendieron cuando llegó la primera oleada de demandas que fue en el mes de abril, hicieron caso omiso, y ahí puede haber distintas miradas de porque no se hizo. Hay abogados influencer que lamentablemente mal informaron, diciendo que se relajaran, que no hicieran nada”.
Además, agregó que debido a que “las demandas están siendo notificadas por correo electrónico, cuestión que es muy llamativa, es una medida que atenta contra el debido proceso, pero el procedimiento tributario lo permite, ningún otro procedimiento judicial permite una notificación por correo. Entonces, lo que ocurre que muchas notificaciones llegaron a correos que ya no estaba utilizando el deudor y para la Tesorería esa persona está demandada, no se defendió y procedieron ahí los embargos también”, denunció.
Asimismo, Diego Martínez detalló que “hubo gente que, porque el procedimiento de la Tesorería te lo permitía, presentaron la defensa sin el patrocinio de un abogado. Presentaron defensa que muchos estudios compartieron de forma gratuita, muy bien intencionados por lo demás, pero, al no haber un seguimiento jurídico, porque es importante decirlo, todas las defensas que se planteen, sean o no con el mejor abogado, Tesorería las rechaza, porque este juez sustanciador que es el que hace el seguimiento del caso, es juez y parte, y lo natural es que te va a rechazar”.
Por lo tanto, “hubo muchas personas que se quedaron tranquilas porque se defendieron, como que se relajaron; porque si bien se defendieron, no siguieron el curso del procedimiento. Claro, no todos estaban en la obligación de saber cómo es un procedimiento de esta naturaleza”.
Concordancia del relato con la realidad
Otro de los puntos que cuestionaron desde los deudores del CAE, es la falta de coincidencia que tiene el discurso del Gobierno respecto de las personas que iban a ser embargadas y aquellos que realmente lo fueron. Por tal razón, pidieron a la “Tesorería que sea concordante con lo que sale a manifestar públicamente y lo que está haciendo con el caso a caso”.
De acuerdo al abogado, “primero salieron diciendo que solo iban a embargar a quienes tienen un ingreso de 5 millones de pesos, pero lo que vemos en la práctica, es que están demandando a gente que está cesante, a gente que hace mucho tiempo no trabaja en lo que estudió y a gente que tiene otros ingresos de menos patrimonio. Luego, públicamente, salen a decir que no, que son las personas de 3 millones y medio para arriba”.
Por esta razón, sostuvo que “el primer llamado es a no creer lo que plantea el Gobierno y lo que queremos hacer es elaborar un petitorio en base a los principios que decida la asamblea referente a la condonación y frenar los embargos, hacerlo llegar tanto al Gobierno y los distintos actores del Congreso; mostrarles que hay casos que ni siquiera debieron haber sido demandados, según el propio criterio que estableció este Gobierno”.
Mecanismo ilegal
Diego Martínez también resaltó otro punto, que, a su juicio, no ha sido abordado con la suficiente profundidad, “con respecto a que el procedimiento que está llevando la Tesorería es ilegal. Ellos están queriendo cobrar el CAE como un impuesto, cuando el CAE no es un impuesto”, sostuvo.
El representante de la asamblea, argumentó que el organismo “está utilizando e interpretando este supuesto cambio que facultad que le da mayores atribuciones a la Tesorería, pero ese cambio, yo no sé dónde se usó en el Gobierno anterior, pero ese cambio era para quienes evadían el pago de contribuciones y no para los deudores de CAE. Por tanto, interpretan la norma como quieren para empezar a cobrar el CAE a los demás”.
Martínez explicó que “el Gobierno te hace sentir culpable de tu condición de deudor. La derecha es experta en crear relatos, por ejemplo, ese relato de que el Gobierno anterior había hecho una reforma para cobrarte el CAE y no es así”.
“También está este relato que se repite en las redes sociales, que si no pagas al CAE no ayudas a otros futuros estudiantes para que financien su educación, lo que tampoco es así, porque el CAE no funciona como un sistema solidario, el CAE está hecho para que la banca entre a financiar los estudios y después los bancos reciben la garantía del Estado”, afirmó.
Por tal razón, lamentó que el presidente José Antonio Kast plantee “que si se pide un crédito hay que pagarlo y hablar del CAE como si fuera un préstamo cualquiera, ya que no lo es”.
El abogado explicó que “cualquier adulto cuando va a pedir un préstamo, el banco analiza tu historial bancario, cómo está tu situación económica, tu sueldo. En cambio, con el CAE, la banca apunta “a gente que tiene un rango de edad de 17 a 20 años, les entrega un crédito a ojos cerrados, porque para el banco no es ningún problema, te entrega el crédito, no le importa si vas a trabajar en lo que estudiantes o no y si no lo puede pagar le cobra al Estado, negocio redondo”.
Por tal razón, argumentó que “no podemos estar mirando el crédito CAE como un crédito de consumo o un crédito hipotecario, porque no es de esa naturaleza. Es un crédito que, para muchos de nosotros, incluyéndome, era la puerta para el acceso a la educación superior. Personalmente, si no tenía CAE no lograba estudiar, no tenía por dónde y así es la realidad de muchos de los estudiantes”.
Nueva asamblea
Este lunes, en tanto, habrá una nueva asamblea de los deudores autoconvocados del CAE, donde se trabajará a nivel de comisiones, Además, para el día jueves llamaron a una movilización, ya que, “por lo pronto, se busca poder frenar esta ola de demandas, porque nada nos garantiza que vengan nuevas demandas. Hay quienes ya están visualizando que para julio o agosto podría venir una nueva ola de demanda, sin ningún tipo de filtro”.
En cuanto a las medidas que han ido estudiando como agrupación, Diego Martínez sostuvo que “como colectivo no estamos viendo el tema de las representaciones, pero sí gente que nos está apoyando. Hay una abogada que nos asesorará, que es la abogada que escribió el primer recurso que pasó la admisibilidad y que se acogió la orden de no innovar en el procedimiento de cobro”.
Añadiendo, que, desde su experiencia profesional, “no es una buena estrategia querer colapsar las Cortes, por ejemplo, con recursos masivos que tengan los mismos argumentos. Porque cada caso es distinto”.
“Por ejemplo, todos firmamos el CAE con un banco distinto y cada banco tiene una base de licitación distinta según el año en que lo otorgó. Y según el año de la base de licitación, hay requisitos distintos para hacer efectivo el cobro de la garantía del Estado y ahí puede haber argumentos de defensa distinto para el caso a caso”, sostuvo el jurista.
“Sin embargo, creo que no se puede descartar quizás alguna salida de demanda colectiva, no me quiero aventurar a confirmarlo porque hay que estudiarlo mucho más, pero si quiero hacer un llamado a la responsabilidad a todos los deudores del CAE que estén demandados, a que vean las bases con que el banco les entregó el crédito, eso está en la página de Ingresa. Y también si es que te demandan, vean y pidan a través de transparencia, cómo el banco le cobró la garantía al Estado y ahí se pueden encontrar argumentos de defensa”, complementó.
Medida clasista
De acuerdo a la percepción de los deudores del CAE, lo que hay detrás de la persecución del Gobierno de Kast, “no es solo una ofensiva por querer restituir dineros porque supuestamente hay un déficit económico-fiscal, sino que también es una medida bastante clasista, porque la mayoría de los que somos deudores del CAE somos gente que viene de estratos sociales bajos”.
En ese sentido, Diego Martínez sostuvo que la “arremetida, que no es solo para gente de izquierda, porque hay muchos deudores del CAE que pueden ser más de centro o derecha, pero sí es una arremetida clasista, porque si no tenemos para pagarlo o nunca tuvimos para pagarlo, somos gente que no tenemos grandes tributos, somos los primeros profesionales de nuestras familias, y respecto de las carreras, hay una expectativa de ingresos que no es real. Nosotros entramos a trabajar con sueldos que son muy bajos, como en el caso de mi carrera, derecho”.
Por tal razón, explicó que “lo que nosotros acá vemos, es tratar de hacer que el pobre pague, cuando se perdonan deudas de supermercados, cuando vemos el desfalco de Carabineros, pero quien tiene que pagar siempre las deudas es el pobre”.
En ese argumento, también cabe la pregunta de: ¿Por qué no se persigue con la misma tenacidad a quienes sí evaden impuestos? Un informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) que analizó el período 2018-2020, determinó que entre el Impuesto de Primera Categoría a las grandes empresas y las Rentas Personales de los que más ganan, la evasión llega a un 46,1%, lo que equivale a un 5,1 del Producto Interno Bruto (PIB).
Ni Bachelet ni Piñera ni Boric
Como parte de su relato, el Gobierno del presidente Kast ha querido establecer que este cobro se hace gracias a una reforma que habría impulsado la administración anterior, lo que sería completamente falso, según los integrantes de la asamblea.
Diego Martínez sostuvo que “las demandas masivas son de ahora. Pasa que mucha gente cuando no le podía pagar al banco y se ejecutaba la garantía, lo tomaba la Tesorería, pero nunca antes el organismo ni con Piñera ni con Boric ni con Bachelet había tenido una actitud de ir de frente a demandarte”.
“Pero qué pasaba, y esto lo vi en algunos casos, el deudor quería ponerse al día y hacía el convenio, porque el convenio siempre estuvo como opción y el convenio lo que generaba era un nuevo título en la Tesorería. Al generarlo pasaba a ser una deuda tributaria y ahí sí podían iniciar procesos de cobros, embargarte y quizás por ahí va la interpretación de los datos que están haciendo ellos”, respecto de la recaudación por embargos de cuentas bancarias.
En ese sentido, el abogado recordó que “la retención de la devolución de impuestos era la principal vía que se usaba para cobrar el CAE. Pero las demandas que está llevando adelante la Tesorería a través de este procedimiento es completamente nuevo y es obra totalmente del gobierno de Kast, ningún otro Gobierno se atrevió a hacer eso”, afirmó.
La asamblea de los Deudores CAE, surgió de la inquietud de un grupo de amigos ante la falta de un movimiento relacionado con los deudores del CAE y en su primera reunión lograron reunir a más de 500 personas de manera presencial y otras 150 que se plegaron vía telemática. De hecho, explicaron que, si bien crearon un grupo de wahtsApp, éste “colapsó” por la gran cantidad de gente que se incorporó.
