La Fiscalía, en tanto, confirmó que existen ocho investigaciones abiertas con “patrones similares” y descartó que exista algún caso de tráfico de órganos.
Anuar Quesille dijo desconocer la denuncia por trata de personas interpuesta el 2023 por el exdirector de Migraciones ante la Fiscalía y agregó haber alertado a todas las autoridades sobre los problemas que existían “para asegurar que los procesos de reunificación familiar fueran seguros” para los menores.
La decisión de remover a Daniela Castro, militante de Renovación Nacional, se debe a la pugna que mantenía con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, del partido Social Cristiano, respecto de la gestión en la repartición pública.
En entrevista con redacción, el jefe comunal que ya implementa un plan similar en su territorio, sostuvo que el proyecto presentando por el Ejecutivo afecta ciertos derechos constitucionales “que no tocaría, ni en pensiones ni en educación, porque además se van a caer”, en su tramitación legislativa.
Fernanda Valdés se excusó de entregar mayores detalles sobre el proceso sancionatorio que debe comunicar la Superintendencia de Educación Superior al plantel privado, asegurando que cada institución funciona de manera autónoma.
Según la encuesta Criteria, un 49% cree que el proyecto ancla de esta administración “beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos”. De acuerdo a Pulso Ciudadano, en tanto, un 39% considera que la situación económica del país será mucho peor.
En la presentación, el mandatario recordó la vez que en inspectoría obligó a uno de sus hijos a leer en voz alta algo que había escrito, para ejemplificar con ese hecho, la autoridad que deben tener los padres en la crianza.
En cuanto a la situación económica del país, un 45% sostiene que es muy mala y un 31% considera que empeorará en los próximos 12 meses. Además, un 51% piensa que el mandatario no tiene disposición para escuchar y llegar a acuerdos y un 67% tiene poca o nada confianza en que cumplirá sus promesas de campaña.
El exmandatario sostuvo que “las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio”.
La medida se enmarca en el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, que apunta a detectar operaciones bancarias relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En una carta, más 50 académicos indicaron que la eventual materialización de la AC “podría generar efectos perjudiciales para la calidad de nuestras instituciones democráticas”. En la oposición advierten efecto boomerang si prospera la iniciativa.
Desde la agrupación acusaron al Gobierno de hacer una caricatura de los deudores y utilizarlos “para justificar agendas que solo benefician a unos pocos”. En el oficialismo, en tanto, pidieron mayor prolijidad en el cobro.
