Por delitos de asociación criminal, lavado de activos, cohecho, soborno, comercio clandestino, delitos tributarios e infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, fueron formalizaddos los imputados ante el Juzgado de Garantía de Valdivia. Solo cuatro de los detenidos quedaron en prisión preventiva.
Un trabajo coordinado entre distintas instituciones públicas, permitió desarticular una organización criminal que se dedicaba a la distribución ilícita de diversos productos hidrobiológicos, los cuales eran obtenidos en la región de Los Lagos y distribuidos en cinco regiones del país, actividad que les reportó más de $8.800 millones entre los años 2023 y 2024.
En 58 allanamientos simultáneos registrados en diferentes comunas, la Brigada Investigadora de Robos de Valdivia detuvo a 55 personas (54 en el operativo y uno se entregó voluntariamente), que fueron formalizadas ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, por delitos de asociación criminal, lavado de activos, cohecho, soborno, comercio clandestino, delitos tributarios e infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura. Cuatro de ellos quedaron en prisión preventiva.
La investigación, denominada Operación Nereida, data del año 2024, cuando el Ministerio Público recibió antecedentes que daban cuenta de una organización criminal que se dedicaba a la venta ilegal de recursos hidrobiológicos, “principalmente merluza austral, y otros como el congrio dorado, pejerreyes y locos, que son recursos que en nuestra zona austral del país son de alto valor, y algunos de ellos están sobreexplotados”, explicó la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, tras el procedimiento policial.
Esteban Donoso, director nacional (S) de Sernapesca, explicó que entre abril y septiembre de 2024, se inició un análisis técnico en conjunto con la autoridad marítima y Carabineros, ya que a través de controles de pesca ilegal habían logrado determinar que “se repetían ciertos patrones y ciertos agentes, lo que nos hizo pensar que, efectivamente, había una cierta coordinación entre ellos para poder generar la comercialización del producto de origen ilegal. Principalmente, vehículos, transportistas y comercializadores que se repetían”, y con esos antecedentes, en septiembre de ese año se presentó la denuncia a Fiscalía.
En cuanto a la operatividad del grupo delictual, el jefe de regional de la PDI, prefecto inspector José Miguel Cea, comentó que “se organizaban, ocupaban distintos modus operandi, trasladaban los productos de madrugada, tomaban todas las precauciones para poder llevar los productos obtenidos de manera ilícita, hasta el último eslabón de la cadena que, justamente corresponde al usuario, trayendo consigo riesgo de índole sanitario”.
A través de un análisis financiero, los detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI de Valdivia, determinaron que la organización registró ingresos por más de $8.811 millones entre los años 2023 y 2024, pero declararon poco más de $550 millones en el SII.
Los allanamientos se realizaron en Valdivia, Puerto Montt y Calbuco, y se incautaron bienes por un valor cercano a los $1.000 millones, incluyendo dinero en efectivo, 29 vehículos avaluados en $581 millones, cuatro inmuebles cercanos a los $395 millones y un gimnasio en la ciudad de Valdivia valorado en aproximadamente $100 millones.
Ninfas vigilantes
Las Nereidas, según la mitología griega, son ninfas protectoras del océano, que ayudan a navegantes y pescadores en apuros. En este caso no eran ninfas guardianas del mar, sino toda una red de personas que tenían roles definidos para proteger la actividad ilícita de esta agrupación.
Tres grupos organizados adquirían recursos hidrobiológicos en la zona de Calbuco, en la Región de Los Lagos, carga que contaba con acreditación de origen legal ni trazabilidad y que movían durante la madrugada hacia la Región de Los Ríos, evadiendo controles gracias a la colaboración de funcionarios públicos que proporcionaban información privilegiada sobre operativos y puntos de control.
Entre los que entregaban esta colaboración delictual están Guillermo Quiroz, exdirector regional subrogante de Sernapesca en Los Ríos, tres funcionarios activos de Carabineros, cinco empleadas del peaje Troncal La Unión que alertaban sobre fiscalizaciones en la ruta, y un trabajador municipal que figura como asesor de comunicaciones e integrante del gabinete de la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann.
Guillermo Quiroz, exdirector regional subrogante de Sernapesca en Los Ríos. Fuente foto X
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para 8 imputados que, según la investigación, cumplían funciones estratégicas y esenciales dentro de la organización criminal, que permitía asegurar el funcionamiento permanente de la estructura. Sin embargo, el tribunal decretó la prisión preventiva solo para 4 de ellos. Los demás imputados quedaron con diversas medidas cautelares de arresto domiciliario, arraigo nacional y firma periódica, según la participación atribuida a cada uno. El tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días.
