Nueve organizaciones que abordan este tema cuestinaron el proyecto, calificándolo como “una forma de violencia institucional”, ya que la medida “obliga a atravesar procedimientos sin justificación médica”; “maltratando, revictimizando y profundizando el sufrimiento de mujeres y niñas que necesitan atención oportuna, segura y digna”.
La idea presentada por un parlamentario del Partido Nacional Libertario que lidera Johannes Kaiser, sigue generando rechazos por la crueldad que se plantea al obligar a una mujer o niña gestante a oír los latidos del feto, previo a un procedimiento que termine con dicho embarazo por las tres causales que permite la ley en Chile y que son situaciones extremas y de mucho dolor para quienes viven esta situación.
Como “una maniobra política que pretende disfrazar de objetividad una intervención ideológica, innecesaria y profundamente violenta”, califican el proyecto de ley “Escucha su corazón”, iniciativa del diputado Cristóbal Urruticoechea, del Partido Nacional Libertario (PNL). Diversas organizaciones vinculadas a temas de familia, reproducción, de salud y de derechos de la mujer, emitieron una declaración pública en la cual rechazan la propuesta porque “busca imponer miedo, culpa y control sobre las decisiones reproductivas de mujeres, niñas y personas gestantes”.
Según indican las organizaciones firmantes, “obligar a escuchar el latido fetal no aporta nada a la atención médica; sólo busca presionar emocionalmente, obstaculizar el acceso y castigar la autonomía de quienes ya enfrentan situaciones límite”.
“Llamémoslo por su nombre: esto es una forma de violencia institucional. Cuando el Estado suma barreras, impone esperas y obliga a atravesar procedimientos sin justificación médica, no está protegiendo a nadie. Está maltratando, revictimizando y profundizando el sufrimiento de mujeres y niñas que necesitan atención oportuna, segura y digna”, plantean.
Las organizaciones firmantes son la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, Ginecólogas Chile, Observatorio de Género y Equidad, Corporación Humanas, Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA), Corporación Miles, Fundación EPES, y ONG Amaranta.
En su declaración argumentan que “la relación entre el personal de salud y sus pacientes debe ser privada, segura y confidencial. Este proyecto pone en riesgo ese vínculo al obligar a incorporar una práctica que carece de justificación clínica y vulnera la autonomía de las mujeres y niñas. Además, fuerza a los equipos de salud a tensionar los principios éticos que rigen su ejercicio profesional“.
“La información clínicamente relevante sobre la presencia o ausencia de actividad cardíaca ya queda consignada en el informe ecográfico; imponer su reproducción audible no aporta ningún beneficio médico y constituye una medida orientada a provocar presión emocional y sufrimiento”, añadieron.
Agregan que “esta ofensiva se suma a las múltiples barreras que enfrentan las mujeres y niñas para acceder a esta prestación de salud garantizadas por ley, como el estigma social sobre el aborto, el uso abusivo de la objeción de conciencia para restringir, retrasar o bloquear el acceso, la falta de medicamentos e insumos y la utilización de técnicas inadecuadas, como el legrado”.
También plantean que “este proyecto tampoco aparece en el vacío. Se instala en un momento de avance de una megarreforma que amenaza con menos derechos sociales y menos recursos para el Estado, debilitando precisamente la capacidad pública de garantizar acceso real a salud, protección y bienestar. En ese escenario, cada nueva traba legal y cada debilitamiento institucional golpea con más fuerza a quienes ya viven desigualdad económica, territorial y social”.
Por esto “rechazamos que se use la salud como excusa para avanzar una agenda regresiva contra los derechos humanos y la igualdad de género. La situación país, en manos de la ultraderecha, es grave: no sólo se intentan restringir libertades, sino también erosionar las bases mismas de una vida digna y del rol garante del Estado.
“Asimismo, reconocemos y valoramos la respuesta transversal de rechazo a la propuesta. El proyecto de ley ha dejado en evidencia que la sociedad chilena se posiciona del lado de la autonomía y el resguardo de los derechos de las mujeres y niñas, y la conversación pública ha estado marcada por el rechazo a la iniciativa, incluso desde sectores que se reconocen como tradicionales o conservadores”, dicen.
“Exigimos al Congreso que esta propuesta no avance en su tramitación. El Estado debe garantizar derechos, no sabotearlos. Debe asegurar una atención médica libre de violencia, sin trabas ni imposiciones, con recursos suficientes y respeto absoluto por la dignidad y autonomía de las personas”, concluyen en su declaración las nueve organizaciones firmantes.
