“Ambas autoridades dictaron decretos ilegales, otorgaron rebajas de condena a pederastas, cuando existía una norma expresa que lo prohibía”, señalan los parlamentarios denunciantes. El fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, encabezará la investigación con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada.
Calidad de imputado es la que adquieren, a partir de hoy, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando José Rabat Celis, y el subsecretario de Justicia, Luis Silva Irarrazabal, luego que se abriera investigación en su contra por el presunto delito de prevaricación administrativa, en relación con las actuaciones y decisiones tomadas en torno a otorgar la rebaja de condenas a 56 pedófilos y otros tres criminales de lesa humanidad, situación que fue denunciada ante el Ministerio Público por parlamentarios de oposición.
La denuncia por el presunto delito de prevaricación administrativa, contemplado en el artículo 228 del Código Penal, fue presentada el lunes 26 de octubre ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien remitió los antecedentes a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte el 29 de octubre. mediante el Oficio FN N° 1416/2026.
En el documento, el Fiscal Nacional solicitaba que, en caso de instruirse una investigación penal o incorporarse los antecedentes a una causa vigente, se informe dentro del plazo de 15 días el Rol Único de Causa (RUC) y el fiscal a cargo. Asimismo, solicita informar si se determina no iniciar una indagatoria.
“Cabe precisar que la remisión de los antecedentes no implica, por sí sola, la apertura de una investigación penal, la formalización de cargos ni la acreditación de responsabilidad de las autoridades denunciadas”, advierte el comunicado de Fiscalía Nacional.
“Los antecedentes serán analizados e investigados en cumplimiento de la obligación constitucional y legal de la institución. La investigación tendrá por objeto determinar si los hechos denunciados son constitutivos de delito y establecer las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de ellos”, señala el comunicado de la Fiscalía Centro Norte.
Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, abrió investigación contra las máximas autoridades del Ministerio de Justicia y encabezará las indagatorias.
Las explicaciones que no servirían
El propio subsecretario de Justicia, Luis Silva, salió a intentar explicar, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, que la determinación de otorgar las rebajas de condenas fue debido a las sentencias de la Corte Suprema, que los obligaba a firmar el decreto cuando el condenado presentaba un recurso de amparo para hacer efectivo el beneficio.
“Dada esta situación, el ministro de Justicia decidió ajustar el criterio jurídico con que en adelante se resolverían las rebajas de condena. ¿Y por qué aparece mi firma? A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia, pero cuando el ministro de Justicia no está lo subroga el subsecretario. Y cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro. Y eso fue lo que hice”, afirmó Luis Silva.
Esto es un antecedentes más que se deberá ponderar en la investigación que ahora inició el Ministerio Público.
Ello, porque la prevaricación administrativa “es un delito que comete una autoridad o un funcionario público cuando dicta una resolución u otorga un acto manifiestamente injusto o ilegal en un asunto de su competencia, actuando a sabiendas (con dolo o a propósito) en contra del ordenamiento jurídico”, señala la norma.
En este caso puntual, se estima que no se cumplió con lo que establece el derecho internacional, al cual Chile suscribe, en torno a la protección de víctimas menores de edad, entre otros, y que establecen prohibiciones estrictas en materia de libertad o aplicación de beneficios a condenados por delitos sexuales contra niñas, niños, y adolescentes, así como también respecto de víctimas de delitos de lesa humanidad.
Además, la modificación legal incorporada a principios de 2022, justamente para evitar las interpretaciones y aplicar la prohibición señalada, lo dice expresamente. Y eso es lo que no se habría cumplido por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Cabe señalar también, que durante esta jornada el subsecretario confesó que no dio aviso a su jefe que haría estas declaraciones, las cuales han caído como balde de agua fría en el sector político que gobierna el país, provocando molestia y sorpresa incluso entre sus correligionarios.
De hecho, el senador Rojo Edwards, salió a criticar el vídeo publicado en la cuenta personal del subsecretario: “Esto no puede transformarse en un sálvese quien pueda”, sentenció.
“El subsecretario, al poner la responsabilidad primariamente en el ministro, sin aceptar como corresponde a él, puede leerse como una falta de lealtad. Y por eso creo que tiene que ser muy cauto en las próximas declaraciones que dé, para dar la señal correcta, de que no puede verse como si se estuviera simplemente arrancando del buque cuando hay dificultades”, explicó Edwards, quien esta semana ha pedido la salida del ministro Rabat por todo lo que ha provocado esta crisis.
Captura de pantalla del video en que el subsecretario de Justicia, Luis Silva, responsabilizó directamente a su superior jerárquico, el ministro Fernando Rabat, de la decisión y firma de los decretos que otorgaron rebaja de condenas a 56 pedófilos.
Los querellantes esperan renuncias
“Por primera vez en la historia reciente de nuestro país, tenemos a un ministro de justicia imputado. Lo que el gobierno quiso cerrar como un error, hoy se investiga como un posible delito y estamos hablando de 56 decretos que rebajaron condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, y de un subsecretario que ya dice que firmó siguiendo el criterio de su propio ministro”, señaló el diputado Juan Santana (PS), uno de los parlamentarios querellantes.
“Ahora el Presidente Kast tiene que decidir si va a mantener a un ministro de Justicia investigado por la Fiscalía. Nosotros vamos a estar del lado de las víctimas”, aseguró.
Por su parte, otro de los denunciantes, el diputado Luis Cuello (PC) valoró el inicio de la investigación y exigió la renuncia de los dos altos funcionarios. “Ambas autoridades dictaron decretos ilegales, otorgaron rebajas de condena a pederastas, cuando existía una norma expresa que lo prohibía“, planteó.
Agrega que, “desde ahora, tanto el ministro Rabat como el subsecretario tienen la calidad de imputados y espero que esto sea determinante para que presenten su renuncia al cargo. Acá se ha hecho un daño enorme a las víctimas de delitos sexuales, se ha hecho un daño a los niños y niñas de Chile”, concluyó el parlamentario”.
