Expectante se mantiene los vecinos de la zona, así como los movimientos sociales y medioambientales que han liderado la compaña contra la instalación de la minera Aclara en la Región del Biobío. La votación de la Comisión de Evaluación Ambiental regional será clave, para conocer el futuro del proyecto minero de tierras raras ingresado a tramitación ambiental el 2024.
Para las 16 horas está citada a sesionar la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región del Biobío, en la cual se definirá si aceptan o rechazan el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras”, que la empresa Aclara Resources junto al Grupo CAP.
Esta es la sexta tramitación del proyecto, ya que anteriormente lo intentaron con otras empresas. Sin embargo, esta es la instancia en la que se ha llegado más lejos, ya que son representantes del gobierno de José Antonio Kast, a través de los seremis y del Delegado Presidencial, quienes hoy deciden el futuro del proyecto minero en la zona de Penco-Lirquén, comentan desde los movimientos sociales y medioambientales.
Se trata de autoridades políticas que, en base a los informes técnicos que se presentaron por parte de diferentes instituciones y en la instancia hoy votarían: el delegado presidencial regional, Julio Anativia Zamora, quien preside; María Eliana Vega, directora regional del SEA; más un panel de diez Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de Medio Ambiente, Mario Delannays; de Salud, Isabel Rojas; de Economía, Christian Cifuentes; de Obras Públicas, José Piña; de Agricultura, Francisco Lagos; de Vivienda, Luis Villagra; de Energía, Javier Salamanca; de Minería, Daniel Escobar; de Transportes, Henry Campos; y de Desarrollo Social, Daniel Manchileo.
División en la ciudadanía
Si bien la mayoría de los ciudadanos de la zona en conflicto estaría en contra de la instalación de la minera, también hay voces que aparecen defendiendo este proyecto.
De hecho, durante este fin de semana medios regionales publicaron declaraciones de personas que indicaban ser dirigentes, como Roxana Contreras, de la junta de vecinos de Villa Penco, que decía “esto va a ser como un pulmón para la comuna. Con todo lo que ha pasado en estos momentos con los incendios, la gente está devastada, consternada, deprimida, fuentes de empleo no hay. (…) aquí va a haber mucho empleo “.
Ante esto, durante esta jornada se emitió una declaración por parte de la directiva de la Junta de Vecinos Villa Penco, desmintiendo ese apoyo. “La persona entrevistada no posee ningún cargo dentro de nuestra directiva y su participación en las actividades, reuniones y procesos de toma de decisiones de esta junta ha sido mínima o nula en el último tiempo. Su opinión es estrictamente personal y no fue consultada, debatida ni aprobada por el directorio ni por la asamblea de socios de Villa Penco. Por lo tanto, no compromete ni representa el sentir de esta comunidad organizada”, señala el comunicado que firma Matías Abarzua, presidente de la Junta de Vecinos Villa Penco.
Agregan que, “como junta de vecinos hemos mantenido una postura de prudencia y respeto frente a este tema, entendiendo que dentro de nuestros socios existen diversas posturas: vecinos que están a favor y vecinos que están en contra del proyecto minero”.
Por su parte, Valeria Sepúlveda, presidenta de la Corporación Parque para Penco, explica que por más de 10 años la minera Aclara está trabajando en los territorios, “buscando el apoyo de la ciudadanía, utilizando estrategias para infiltrarse en comunidades rurales y gremios, aprovechando fondos de emergencia y generando quiebres sociales entre quienes aceptan ayuda y quienes rechazan el proyecto. Esto genera división comunitaria. Por ejemplo, en Penco y Lirquén mediante pagos y bonos, como 500.000 pesos post-incendios, financiados con recursos estatales de Corfo para comprar voluntades de dirigentes y vecinos.
Desde el Observatorio de Conflictos Medioambientales OLCA, Javier Arroyo explica que “lo que hace el gobierno y la empresa es manipular una legítima preocupación de la población respecto a la cesantía. La región del Biobío, según los últimos datos que se manejan, acumula la mayor cantidad de desempleo, pero eso no significa ningún aspecto en que el posible empleo que plantea el proyecto minero vaya a ser de calidad ni sostenible en el tiempo, ni en términos ambientales ni en términos de calidad, por el contrario. La mayor cantidad de empleabilidad se concentra en la etapa de construcción y no en la de proceso, que es la más extensa”.
Por ello, advierten que, en este escenario se arriesgan dos cosas: que se promueva la destrucción de ecosistemas con valor único, tanto cultural como ambientalmente, y a la vez, la inserción o expansión minera en la zona centro-sur del país. “Desde hace bastantes años que ya no existe minería por estos sectores, términos grandes, por así decirlo, desde la época del carbón. Y ahora, en verdad, lo que estamos encontrando es que en la zona del Biobío, Ñuble y Maule se está expandiendo un negocio minero de piedras raras que, si es que este proyecto se llega a instalar, va a ser referencia para el resto de empresas que buscan ampliar el negocio extractivo, pese a las observaciones y cuestionamientos de la gente que plantea un negocio o una economía mucho más local y potenciar, por ejemplo, en el caso de Penco, que en el turismo y el comercio, por sobre exportar grandes cantidades de minerales al negocio internacional”, comenta Arroyo, de OLCA.
