Los antecedentes surgieron luego de un informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR), donde se determinó que las personas tenían antecedentes penales por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. Además, había 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en el país.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que una vez conocido los antecedentes remitidos por la Contraloría, el pasado 13 de marzo dio inicio a un sumario administrativo por los 16 censistas con antecedentes penales y los otros 14 extranjeros que no habrían estado habilitados para trabajar en el país.
Asimismo, ingresaron una denuncia ante la Fiscalía respecto de quienes presentan registros delictuales, equivalente al 0,04% del total de censistas contratados para el Censo de 2024, que según el INE implicó una convocatoria de “más de 400 000 postulantes, así como la selección, contratación y pago de más de 38 000 personas en terreno, desplegadas en 345 comunas, coordinado desde 697 locales censales”.
El 10 de marzo de 2026, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) recibió el informe final emitido por la Contraloría General de la República (CGR), respecto de la auditoría realizada a los procesos asociados al Censo de Población y Vivienda 2024, proceso que se inició el 13 de diciembre de 2024.
Informe Contraloría
De acuerdo al informe emitido por la Contraloría, se detectó que 16 personas que participaron del Censo 2024 “contaban con antecedentes penales, por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas”, luego de analizar “los contratos suscritos por esa repartición en las distintas etapas del proceso”.
En el detalle, se informó que, “6 de las 16 personas contratadas, presentaron certificados de antecedentes donde, si bien éstos indicaban condenas, la empresa encargada al momento de recibirlos no cumplió con su deber de validarlos ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, por lo que no advirtió que dichas personas tenían condenas. Asimismo, en otros 10 casos, el organismo directamente no acreditó que haya requerido tales certificados al realizar las contrataciones”.
Asimismo, la Contraloría indicó que además se contrató a 14 ciudadanos extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en el país. De los cuales, “5 de ellos corresponden a exresidentes definitivos o temporales/transitorio, a los que se les revocó la residencia por diversos motivos; incluso uno de ellos mantenía pendiente una expulsión administrativa”, sostuvieron.
De igual modo, el informe señala que la empresa de reclutamiento “no acreditó que más de 130 personas contratadas contaran efectivamente con los antecedentes educacionales requeridos para los cargos de Coordinador de Local Censal y Gestor Administrativo”.
Finalmente, el órgano contralor concluyó que, debido a estas faltas “la entidad auditada no aplicó multas a favor del Fisco por $131 972 500 a las empresas contratadas para la selección de los trabajadores” que cumplieron labores durante el Censo de 2024.
Más observaciones
El informe de la Contraloría también develó otras irregularidades en el proceso censal del INE, como el caso de una “exasesora contratada por el Instituto Nacional de Estadísticas que participó como experta en la comisión evaluadora de la licitación adjudicada, pese que era represente legal de una de las empresas intervinientes”.
Además, se detalla que no se pudo acreditar que “515 censistas hayan realizado efectivamente las tareas encomendadas -por las cuales recibieron un pago $166 356 508. lo que implica una falta de supervisión y control”.
También se señaló que 267 personas que prestaron servicios, entre marzo y junio de 2024, “se encontraban simultáneamente contratadas por otras instituciones públicas. No obstante, dichas personas no declararon esta situación, pese a que estaban obligadas a hacerlo mediante declaraciones juradas simples”, por lo que, los casos fueron remitidos a la Fiscalía.
Sedes, computadores y celulares
Otra de las irregularidades señaladas por la Contraloría, dice referencia a la suscripción de “77 contratos de arriendo destinados a oficinas y locales censales a nivel nacional, sin contar con fundamentos técnicos o formales que respaldaran el motivo para ello, ni que justificaran la selección de los inmuebles sobre otras opciones más favorables”, advirtiendo “que cinco de los contratos de arriendo tuvieron una duración de hasta 12 meses, en circunstancias que el Censo duró aproximadamente sólo 5 meses, verificándose un pago no justificado de $49 430 231”.
Finalmente, se detalló que el INE “no planificó el destino de los 4588 computadores y 37 529 smartphones adquiridos para el proceso 2024, por lo que, tras la actividad los equipos estuvieron 5 meses en bodegas arrendadas. Al 7 de noviembre de 2025, aún permanecían almacenados 484 computadores y 29 226 smartphones en la Subsecretaría de Bienes Nacionales”.
