Ha transcurrido poco más de un año desde que se denunció que más de 25 000 funcionarios públicos salieron del país haciendo uso de licencias médicas entre 2023 y 2024. Entre ellos también había personal y magistrados de distintos tribunales del país, quienes hoy enfrentan procesos investigativos y arriesgan serias sanciones.
El Pleno de la Corte Suprema decidió abrir 56 cuadernos de remoción respecto de magistrados que fueron denunciados por viajar al extranjero haciendo uso de licencias médicas. Esto sucede luego de concluir la revisión de 104 investigaciones disciplinarias relativas a integrantes del escalafón primario de la carrera funcionaria, compuesta por jueces, ministros, fiscales judiciales y relatores.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, tras cuatro sesiones de Pleno, informó que: “el 8 de junio se realizó la vista de 15 recursos de apelación, de los cuales se decidió, en voto dividido, la apertura de 14 cuadernos de remoción. El martes 9 de junio se analizaron 25 investigaciones disciplinarias en que se dispuso la absolución y no abrir cuadernos de remoción por concluir que no lo ameritaba. El lunes 15 se conocieron 64 casos en que no se dedujeron apelación y hoy 16 se decidió abrir, en votación dividida, cuadernos de remoción en 42 causas, se desestimó en 13 situaciones y en nueve se produjo un empate, que se suman a los rechazados. En total, se determinó la apertura de 56 cuadernos de remoción”.
Chevesich explicó, además, que “la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional, disciplinaria y económica respecto de todos los tribunales del país, según el artículo 80 de la Constitución Política de la República y el artículo 540 del Código Orgánico Tribunales y todas sus actuaciones se han dado dentro de ese marco legal”.
En cuanto al procedimiento, señaló que “el año pasado dispuso, primero, que la Corporación Administrativa del Poder Judicial recabara el listado de las personas funcionarias públicas que registraban salida al extranjero encontrándose con licencia médica, y que, consustancialmente, la cotejara con la base de datos del personal del Poder Judicial. En cuanto al plazo de análisis de la información, se fijó en 5 años”, sostuvo Chevesich.
Con el listado ya depurado por jurisdicción, la Corte Suprema informó de la revisión de estos listados a las 17 cortes de apelaciones del país, nombrando a un miembro de la fiscalía judicial para que realizara la investigación disciplinaria respectiva, de acuerdo con el Acta 108 del año 2020, con la finalidad que las decisiones adoptadas fueran más bien uniformes y coherentes.
Por su parte, el artículo 80 de la Constitución Política otorga a la Corte Suprema la facultad para que, por requerimiento del Presidente de la República, por parte interesada o de oficio, remover a los jueces que no han tenido buen comportamiento.
“La potestad es de carácter preventivo y protector, por lo tanto, su finalidad es evaluar si el mal comportamiento afecta la idoneidad del juez o jueza para continuar desempeñando el cargo. Y en ese sentido, la finalidad es muy distinta a la finalidad que se persigue en el ámbito disciplinario, porque lo que persigue es resguardar la fe, la confianza pública de la sociedad en el poder judicial. Por lo tanto, el bien protegido es la fe pública y la integridad institucional, no la disciplina judicial. Y la Corte suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deterioran su estatura moral, degrada su credibilidad o alimenta el desprestigio en la judicatura”, sentenció la presidenta de la Corte Suprema.
Desde el máximo tribunal se aclaró que en algunos casos se resolvió no abrir cuaderno de remoción por situaciones justificadas (enfermedad, COVID, permisos). Así como también se acordó que el plazo de prescripción para ser efectiva la responsabilidad disciplinaria es de 5 años. Todas estas decisiones fueron en votación dividida del Pleno.
El juez combativo
Uno de los trascendidos indica que el juez Daniel Urrutia, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, estaría entre los magistrados con cuaderno de remoción. Recordemos que han sido varios los episodios en los cuales este magistrado ha enfrentado críticas, no sólo de sus pares, sino del ámbito político, por ejemplo, por su postura ante el silencio del Poder Judicial en dictadura o las denuncias que hizo sobre las condiciones en que se encuentran los reos de la expenitenciaría de Santiago.
Ante las consultas de los medios al respecto, la ministra Chevesich expresó que “no puedo dar nombres ni detalles sobre jueces afectados porque es información reservada y aún no han sido notificados. Entre el lunes pasado y hoy salieron 56 cuadernos de remoción, quedan algunas causas rezagadas en cortes de apelaciones y 45 impugnaciones de funcionarios que se verán la próxima semana. Tampoco puedo confirmar si hay ministros de corte involucrados”.
El abogado Carlos Quezada, que representa al magistrado, aclaró en su momento, que en dicho sumario se explicaron las circunstancias de la salida fuera de Chile del juez Urrutia mientras estaba con licencia médica, ya que “obedeció a un tratamiento de carácter psiquiátrico, con una recomendación de un psiquiatra por una readecuación conductual. Son antecedentes que están en el sumario y que, esencialmente, marcan la naturaleza del viaje. Por lo tanto, no se observa que esta licencia haya sido falsificada o alguna situación similar, sino que es válidamente extendida por un médico dentro del uso de sus facultades y en el contexto de un tratamiento determinado”, consignó el diario El País.
