Tras reunión del subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, con los presidentes de las asociaciones de municipios, todos ellos alcaldes oficialistas, lograron llegar a un acuerdo de sacar el reglamento de Contraloría y trabajar en su redacción de manera conjunta, considerando las diversas realidades que muestra el abanico de 345 comunas en el país, tanto rurales como urbanas.
La fuerza demostrada por los alcaldes, más allá de sus colores políticos, esta vez logró dar vuelta un escenario que se avizoraba complejo, si es que el gobierno de José Antonio Kast mantenía el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal que había reingresado a principio de mes a Contraloría para su toma de razón, texto que incluía una causal de destitución de los alcaldes y alcaldesas que ya está en la Ley. Este miércoles el decreto supremo fue retirado para su revisión.
El punto de quiebre estuvo en la molestia que provocó esta cláusula, en un decreto supremo que ingresaba sin consulta ni una mínima socialización del punto más crítico de este documento, porque nadie estaba enterado de esta redacción que daba pie a poder sacar a los ediles de sus cargos si incumplían el chequeo de datos de los funcionarios de seguridad contratados en cada comuna.
Y los reclamos vinieron de todos lados, incluso los alcaldes oficialistas y que son los que presiden las tres principales asociaciones de alcaldes del país. Las reuniones terminaron por convencer al Ejecutivo de la necesidad de retroceder en su postura y retirar el reglamento.
Ello a pesar de las explicaciones que, por ejemplo, dio el día anterior el biministro, Claudio Alvarado, que explicitó que “lo que hace el reglamento es solamente recordar que el no cumplimiento de ciertas normas de la ley puede dar pie a una inhabilidad”, intentó explicar. O el propio ministro de Seguridad, Martín Arrau, que había manifestado también que el decreto no se retiraba, sino que esperarían a lo que señalara la Contraloría para su revisión y ajustes.
Tras una reunión urgente entre el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, y representantes de las asociaciones de municipios Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM, que reúne a una gran cantidad de municipios de todo el país sin distinción política), Asociación de Municipios Rurales (AMUR) y la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch que agrupa a comunas con ediles de derecha) terminara en un acuerdo para reformular el documento, y los otros que vienen, porque son siete cuerpos reglamentarios que se deben concretar para tramitación.
“Hemos escuchado el planteamiento y vamos a proceder al retiro de este reglamento para perfeccionar la regulación en conjunto en esta mesa de trabajo, y así poder dotar de seguridad, de paz, a nuestros compatriotas», dijo el subsecretario Guerrero tras el encuentro con los alcaldes.
Pero desde el Ejecutivo no admiten equivocaciones, sino que “mantenemos nuestra posición, pero para evitar malas interpretaciones se decide entonces retirar este reglamento”, insistió el representante de Gobierno.
Por ello, nuevamente se harán mesas de trabajo, para lo cual cada asociación deberá designar uno o dos representantes técnicos para revisar estos reglamentos y unificar la redacción del documento antes de su reingreso a Contraloría.
La idea, según remarcó ahora el subsecretario de Prevención del Delito es que “recojan las distintas realidades de los municipios de nuestro país, 345 municipios. Y desde esa perspectiva vamos a mirar una redacción que permita reflejar esas realidades, porque creemos que los municipios son aliados fundamentales, pero particularmente en materia de seguridad, no los vemos como una contraparte, y tenemos una convicción que la hemos tenido desde el comienzo, la seguridad se construye entre todos, con los municipios y no sin ellos”.
Los representantes de las asociaciones
Tras el encuentro en la Subsecretaría de Prevención del Delito, los alcaldes presidentes de las asociaciones allí convocadas, junto a la autoridad, dieron un punto de prensa donde explicitaron su tranquilidad ante el retiro del reglamento de la discordia.
Gustavo Alessandri Bascuñán, alcalde de Zapallar (Ind. derecha) y presidente de la ACHM, agradeció que el gobierno decidiera retirar el reglamento desde la Contraloría y aseguro que, como agrupación “nos comprometemos, en una mesa de trabajo, a revisar artículo por artículo, y también queremos pedir al poder legislativo que la discusión inmediata de la ley corta es urgente, es necesaria para poder implementar los reglamentos que se vienen, y lo que buscamos es tener las herramientas para enfrentar a nuestro contrincante, que es el narcotráfico, el crimen organizado, el sicariato, y no una rivalidad entre gobierno y municipalidades, todo lo contrario”, dijo.
Por su parte, Juan Manuel Palacios, alcalde de La Reina (UDI) y presidente de la AMUCH, culpó directamente a los parlamentarios de la falta de herramientas para la seguridad. Planteó que “hay que estudiar un reglamento que es complejo, de una ley que venimos peleando los municipios hace más de 25 años, que hace dos meses está en vigencia, que necesita modificaciones que hemos pedido las asociaciones, que hoy día está en discusión en el Congreso, y donde los diputados y senadores, más que ayudar, han puesto obstáculos para poder tener una herramienta municipal absolutamente necesaria, y que nos tiene todavía con incertezas en materia administrativa y operativa, en una labor tan importante como la seguridad municipal”.
También el presidente de la AMUR y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras (UDI), manifestó que los ediles “estamos muy contentos con la decisión de retirar el reglamento, pero principalmente no debemos verlo como un retroceso en el avance de la ley de seguridad municipal, todo lo contrario, es una oportunidad para que se trabaje de manera eficiente y eficaz en la implementación de este reglamento”.
Contreras agregó un punto, que es el costo económico que va a implicar la implementación de este reglamento y los seis restantes que faltan por dictar. Por ello, “lo que debemos hacer los municipios es ponernos a trabajar rápidamente para que este reglamento, que el día de hoy se retira, pueda ser reingresado con la mayor seguridad posible, pero teniendo siempre en cuenta la realidad económica de los distintos municipios a lo largo y ancho de nuestro país. La realidad no siempre es la misma a la de Santiago, existen muchos municipios en los que la implementación en poco tiempo era impracticable.
El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), en su calidad de presidente de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), una entidad enfocada en la seguridad comunal del sector oriente de Santiago, a su vez expresó: “digamos las cosas como son, la redacción del reglamento fue poco feliz. Yo destaco en que hoy el subsecretario haya decidido retirar el reglamento, porque hay varios aspectos que mejorar, que profundizar, que conocer las realidades que a nosotros nos toca administrar, que son muy distintas”.
En los puntos más necesarios de aclarar, “en el reglamento, tal como estaba, había varios temas que se pueden mejorar. Equipamiento, uso de armas no letales, ¿qué se entiende por el rol de coayudantes? No queremos tener fricciones con las policía”, planteó Felipe Alessandri.
Por ello, los alcaldes oficialistas que estuvieron en la reunión con el subsecretario Guerrero consideran que, con esta Ley de Seguridad Municipal y la dictación de los siete reglamentos, tendrán las herramientas para dar respuesta ciudadana a la sensación de inseguridad que reclaman los vecinos.
