Fueron 13 años de litigio llevados adelante por la compañía minera para obtener los permisos para el proyecto, por lo que la decisión de retirar dos recursos de la Corte Suprema enciende las alarmas respecto a cómo la empresa intentará seguir adelante con Dominga, siendo la vía de permisos sectoriales una opción en carpeta, con recursos de invalidación del rechazo del Comité de Ministros de 2025, que fueron admitidos a tramitación por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
“El rechazo de Dominga debe respetarse. En este sentido, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de no caer en presiones, garantizar la transparencia y el respeto a las decisiones institucionales, y de proteger un ecosistema de extraordinario valor como el archipiélago de Humboldt”, señalaron desde Greenpeace, tras la decisión de la compañía minera Andes Iron de retirar dos recursos judiciales de la Corte Suprema, que pretendían revertir esta situación.
Después de 13 años de tramitación, la empresa desiste de la vía judicial para lograr la construcción del proyecto minero-portuario Dominga, dejando vigente el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó el rechazo del Comité de Ministros.
“La decisión de Andes Iron de retirar sus recursos ante la Corte Suprema es un reconocimiento claro de que el proyecto minero portuario Dominga está rechazado, y de que sus posibilidades de revertir judicialmente esa decisión eran cada vez más estrechas”, explica Roxana Núñez, abogada de Greenpeace.
Pero aún existe otra vía, la administrativa, por la cual la empresa podría insistir con su proyecto. “Es esperable que ahora la presión se traslade hacia el Ejecutivo, quien deberá decidir si abre nuevamente la puerta a este proyecto que ha estado rodeado de constantes cuestionamientos, especialmente desde la corrupción”, señala Núñez.
Por ahora, las fichas de Andes Iron estarían puestas en recursos de invalidación presentados contra el rechazo que dictó el Comité de Ministros en enero de 2025, y que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) admitió a trámite. Y si les va bien en esa instancia, sería como volver a fojas cero, y ahora un nuevo comité de ministros, del actual gobierno, serían los encargados de definir si otorgan o no el permiso para la construcción del proyecto Dominga.
Pero, por más que la empresa insista en decir que el proyecto Dominga está listo para construirse, esta decisión se aleja totalmente de esa realidad, aseguran desde la ONG.
El proyecto Dominga contempla la extracción y exportación de concentrado de hierro y cobre en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, muy cerca del Archipiélago de Humboldt. Y además de una mina de tajo abierto, se incluye la construcción de un puerto propio para exportar su producción, una desalinizadora y depósitos.
Causa penal vinculada a abogados de Trama Bielorrusa
Este nuevo giro ocurre, además, en medio de una investigación penal impulsada por Greenpeace, que busca esclarecer posibles actos de corrupción e irregularidades en la tramitación del proyecto Dominga.
La querella denuncia eventuales delitos de cohecho agravado y revelación de secretos, a partir de los más de $255 millones que Andes Iron pagó al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, dos de cuyos socios están imputados en el caso Muñeca Bielorrusa.
Recordemos que los abogados Carlos Lagos Herrera, Mario Vargas Cociña y el exdiputado Gabriel Silber se encuentran formalizados por delitos de cohecho, soborno y lavado de activos vinculados a pagos irregulares que se hicieron a la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para favorecer judicialmente al Consorcio Belaz Movitec SpA en un millonario litigio contra Codelco. Esto es una arista derivada del Caso Audios. De los cuatro mencionados, tres están con medidas cautelares de arresto domiciliario total y uno prisión preventiva.
Por esta vinculación y conocimiento de cómo este estudio manejaba las causas de alto interés económico, desde Greenpeace consideran que “es indispensable que esa investigación avance, se esclarezca el verdadero propósito de esos pagos y que se determinen todas las responsabilidades que correspondan. No podemos permitir que se siga intentando imponer por vía administrativa un proyecto cuya tramitación ha estado marcada por más de una década de cuestionamientos ambientales y de probidad”, asegura Roxana Núñez.
E insiste en que “antes de revivir de cualquier forma este proyecto, es esencial que se pueda cerrar esta investigación y concluir realmente cuál fue el objetivo de ese pago y cómo se vincula con este caso, que lleva más de 13 años insistiendo, a pesar de que todos los organismos le han dicho que no cumple con la normativa y que además ha estado rodeado los últimos años de presuntos casos de corrupción judicial”, concluye la abogada de la ONG.
