Gonzalo Arenas, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, se desmintió luego de señalar que el procedimiento del Gobierno que dio curso a la firma de los decretos para rebajar la pena de condenados por delitos sexuales contra menores de edad estuvo “mal hecho”, pese a que hace cuatro días lo había calificado de un actuar “impecable” del Ministerio de Justicia.
Horas después, y luego que el presidente Kast calificara el procedimiento como un “error”, el subsecretario de Gobierno negó “discrepancia” entre sus declaraciones y agregó “que humanamente sin duda que hubo falencias”.
En un verdadero zapato chino se metió el Gobierno luego que se conociera que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó los decretos que concedieron la rebaja de penas y posterior libertad de 56 condenados por violación y abusos sexuales contra menores de edad, sin una orden judicial que lo obligara y pese a existir una Ley que los excluye del beneficio.
Las primeras explicaciones del ministro Rabat y del vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, descartaban cualquier error en la firma de los decretos y apuntaban a un estricto apego a la legalidad. Tanto así, que el subsecretario Arenas sostuvo: “El Ministerio de Justicia no tiene nada que ocultar en esta materia y que, por el contrario, el procedimiento fue impecable”.
Asimismo, ambos personeros de Gobierno usaron las cifras de condenados que recibieron rebaja de penas en la administración anterior para justificarse, pero obviando deliberadamente que se trató de procedimientos diferentes, ya que los gobiernos anteriores habían establecido como criterio rechazar las solicitudes e intentar revertir la medida en los tribunales, haciendo efectivo el beneficio solo cuando había un mandato judicial de por medio.
“Esta mal hecho”
Esta mañana, en tanto, y luego de una serie de cuestionamientos al criterio Rabat, el vocero Arenas se desmintió al afirmar ahora que el procedimiento estuvo “mal hecho”, pero descartando de plano cualquier error.
“Reconocemos no un error, sino que hay un procedimiento que está mal hecho y que nosotros estamos comprometidos a mejorarlo en forma definitiva. Porque reconocer un error significaría que hicimos algo fuera de la ley, fuera de la Constitución, hicimos algo que humanamente pudo haber sido mucho mejor hecho”, señaló en entrevista con T13 Radio.
Horas después, fue el propio presidente, José Antonio Kast, quien lapidó la bajada comunicacional que había instalado el Gobierno: “No hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel”, sostuvo.
Además, agregó que “como Presidente en ejercicio, me toca asumir la responsabilidad que corresponde como gobierno que va más allá del poder ejecutivo. Nos hacemos cargo con todo el costo que ello tenga”.
“El camino difícil es hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado”, señaló el mandatario, quien al finalizar sus palabras volvió a reconocer que no se actuó correctamente.
“Prometimos ser un gobierno que ponía a las víctimas en primer lugar y a los delincuentes en su lugar. Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba y vamos a estar a la altura para que nunca más en Chile un niño tenga que sufrir un abuso, una violación”, sentenció el presidente Kast.

No dijo lo que dijo
Minutos después de la intervención del mandatario vino el turno de la vocería de Gobierno, donde Gonzalo Arenas quiso matizar el alcance de las declaraciones del Jefe de Estado, asegurando que a los “errores” que se refería el presidente Kast tenía relación con el carácter humano de la decisión, insistiendo en que jurídicamente no hubo falta alguna por parte del ministro de Justicia.
Además, descartó cualquier contradicción en sus declaraciones previas: “No hay ninguna discrepancia. Lo que yo dije, quizás pudo haber utilizado otra expresión más que impecable, pero lo que yo quise manifestar es que el ministro de Justicia con esos decretos había cumplido la ley, había cumplido con la Constitución, no existía ninguna irregularidad y por lo tanto en ese sentido, en el sentido jurídico-administrativo, no hay ningún reproche que hacer al ministro de Justicia”.
De igual forma, matizó las declaraciones del mandatario cuando habló de “errores”, asegurando que a “lo que se refiere el Presidente de la República, y lo hemos referido también nosotros, es que humanamente sin duda que hubo falencias importantes y en lo humano lo más grave es no haber incorporado la opinión y la situación de las víctimas”, sostuvo.
En ese sentido, Arenas agregó que lo que “el Presidente quiere solucionar con el proyecto ley, es uno de los temas fundamentales, que las víctimas participen de este proceso y además también reconocer que no tiene ninguna relación con que administrativamente, legalmente y constitucionalmente los decretos están cumpliendo con toda la normativa correspondiente”.
El subsecretario Arenas sostuvo que más que un error, “faltó quizás una visión más política para que el Presidente de la República pudiese haber tomado decisiones distintas y en ese sentido el propio Ministro Rabat ha reconocido que se pudo haber pensado más políticamente en este tema y es un tema que también acogemos”.
Sin embargo, esta última afirmación del vocero de Gobierno, respecto a que faltó visión política para que el mandatario “pudiese haber tomado decisiones distintas”, no encaja mucho con la versión inicial dada por el Ejecutivo y ratificada por Arenas, en cuanto a “que el Presidente de la República no tenía conocimientos de esos decretos”.



