En una audiencia donde se discutiría la solicitud de la defensa para cambiar la medida cautelar por una menos intensa, se dio a conocer que existe un acuerdo con la Fiscalía y el querellante Consejo de Defensa del Estado para esta salida alternativa. El resto de los querellantes se negaron a las pretensiones de libertad del exfiscal, y ahora se preparan para evitar que se concrete el acuerdo señalado.
El 7 de octubre próximo se realizará una audiencia para discutir una eventual juicio abreviado para el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Antonio Guerra, quien se mantiene en prisión preventiva desde el 19 de marzo, imputado en una arista del caso Hermosilla, como autor de los delitos consumados y reiterados de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos, Ilícitos que habría cometido entre 2016 y 2021, cuando ejercía el cargo. La salida alternativa se daría por un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa.
Los antecedentes que llevaron a la caída de Guerra corresponden a una línea investigativa vinculada al denominado caso Audios ya que, en las comunicaciones incautadas al abogado Luis Hermosilla, apareció información sobre eventuales favores, filtraciones de información reservada y gestiones indebidas que el exfiscal habría efectuado -en ejercicio de su cargo- para “ayudar” a Hermosilla y a Andrés Chadwick -según se entendía de la lectura de sus mensajes-, presuntamente ganando confianzas en busca de oportunidades laborales cuando dejara la Fiscalía.
Para que ocurra un juicio abreviado o salida alternativa, debe existir un acuerdo con la Fiscalía, en que el imputado acepta los cargos y opta a una condena más baja y en libertad. Y ese acuerdo fue revelado en una audiencia de revisión de la prisión preventiva de Guerra, realizada el 15 de julio, donde la defensa presentó este entendimiento como parte de los argumentos para pedir el cambio de medida por un arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicación con los demás imputados.
La Fiscalía apoyó rebajar la prisión preventiva y sinceró ante el tribunal la intención de una salida alternativa a la causa. El querellante Consejo de Defensa del Estado (CDE) no opuso resistencia, e incluso apoya un juicio abreviado.
Pero la oposición de los querellantes Mauricio Daza, Alejandro Espinoza representante de la Municipalidad de Vitacura, y Diego Ibáñez por el exdiputado Hugo Gutiérrez, convenció a la magistrada Paulina Moya Jiménez, del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, que rechazó la petición de la defensa.
Los argumentos parten por el que la propia resolución que decretó la prisión preventiva estableció que Guerra arriesga penas que superan los 10 años de cárcel efectiva en un juicio oral, resolución ratificada de forma unánime por la Corte de Apelaciones de Santiago, así como el que hecho de que no se considera que Guerra haya colaborado con la investigación.
El abogado querellante Mauricio Daza fue enfático en señalar que se opondrán con todas las herramientas legales “a cualquier salida alternativa que pretenda cerrar anticipadamente el caso sin investigar a fondo la red que operó detrás de Manuel Guerra; lo que exige indagar de forma seria y real a Hermosilla y Chadwick”.
