La idea de que el Convenio 169 de la OIT es “un riesgo para el país”, como lo dijo el ministro de Defensa, va de la mano con los -hasta ahora- fallidos intentos por modificar también la Ley Lafkenche. El reclamo es que las consultas indígenas retrasan inversiones y detienen el crecimiento del país. El gran empresariado salió a apoyar la idea de modificar o mejorar lo que hay, los más radicales lo consideran “un debate necesario” y el Gobierno dijo que “no es prioridad”.
Las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, en torno a la idea de que Chile abandone el Convenio 169 de la OIT porque este tipo de legislación es “un riesgo para el país”, puso en entredicho al gobierno de José Antonio Kast, ya que, si bien desde la Moneda inmediatamente se aclaró que una decisión de esta naturaleza “no es prioridad”, un sector de la derecha más radical considera lo contrario, aludiendo a una necesidad económica y de inversión.
El propio mandatario dijo en una entrevista con radio Infinita que “hay ciertos temas que son debatibles y son conversables”, y que “lo que dijo el ministro Barros es analizando una situación que puede afectar, desde el punto de vista de defensa, ciertas materias relevantes. Si, por ejemplo, uno juntara el 169 con la consulta indígena para un astillero, para una construcción naval, podría afectar la seguridad nacional a futuro”.
Según el presidente Kast “hay momentos en que se producen abusos. En la Ley Lafkenche evidentemente, hay abusos de la ley que se generó para proteger a una comunidad lacustre. Se produce un abuso, yo creo que hay que hacer modificaciones”, dijo -aludiendo a una norma que él votó a favor cuando fue parlamentario UDI-, pero aseguró también que “en nuestro gobierno, esa impugnación no va a ser, no es prioridad. Suscribimos el acuerdo y las impugnaciones están reguladas dentro del mismo tratado, y el tratado fue ratificado por el Parlamento. Por tanto, no es una materia en la que nosotros podamos innovar hoy día”.
Pero esta es una pelea que la derecha más dura, sobre todo en la Región de La Araucanía, ha insistido en levantar cada cierto tiempo, dados los problemas que el Convenio 169 de la OIT, dicen, genera en el crecimiento del país cuando una obra o proyecto que cruza tierras indígenas o pasa a llevar derechos reconocidos por las leyes vinculadas a los pueblos originarios, necesariamente obliga a realizar una consulta indígena para verificar si hay acuerdo o no con dicha obra o si se consideran modificaciones.
Desde el gran empresariado reaccionaron inmediatamente, indicando que más que salir de este tratado lo que se requiere es mejorar la legislación vigente, otorgando certeza jurídica, reglas claras y plazos razonables en los proyectos de inversión.
Sin embargo, desde la Multigremial de La Araucanía concordaron con las declaraciones del ministro Barros, porque “abrieron un debate necesario. Coincidimos en que la aplicación del Convenio 169 ha introducido diferencias entre los chilenos y ha contribuido a aumentar la conflictividad. Además, nos parece que ha sido un elemento más de las políticas indígenas del Estado que han favorecido e incentivado el conflicto y la falta de actividad económica en la Región de La Araucanía y buena parte del sur de Chile”, señalaron en un comunicado.
Para estos empresarios, “la aplicación de la Consulta Indígena, mandatada por el Convenio 169, se ha extendido a iniciativas de muy distinta naturaleza, incluso cuando los derechos de las personas indígenas tienen la misma afectación que los de cualquier ciudadano. Ejemplo de ello son la construcción de carreteras, industrias e incluso eventuales cambios legislativos”, lo que a su juicio “provoca atrasos y conflictos que reducen la inversión y dificultan los cambios normativos”.
Recordemos también que el ministro de Defensa, antes de llegar al servicio público, “fue asesor tributario del expresidente Sebastián Piñera durante más de 30 años, incluyendo la gestión de fideicomisos ciegos para la administración de su patrimonio. Además, ha ocupado cargos en directorios de importantes empresas, como presidente del directorio de Oxiquim S.A., director de Collico S.A., consejero de la Sofofa y exvicepresidente de Icare”, como reseña la página oficial del gobierno. Su afinidad con la derecha empresarial es indiscutible.
Qué está en juego
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989, es un tratado internacional que reconoce y protege los derechos, las culturas y las tierras de los pueblos indígenas y tribales. Chile lo ratificó el 15 de septiembre de 2008, y para plantear su salida del tratado debe esperar hasta 2031.
Como se ha dicho, uno de los puntos más cuestionados es que establece el derecho a la consulta previa, lo que obliga a los gobiernos a consultar a las comunidades antes de aprobar medidas o proyectos que puedan afectarlas.
Felipe Guerra, coordinador del área jurídica del Observatorio Ciudadano, explica que después del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, que rechazó la propuesta de nueva constitución, empezó a ser cuestionada la idea base de esta legislación.
“Lo que está en juego acá es la idea misma de igualdad que hemos venido construyendo después del retorno a la democracia, y cómo nos relacionamos entre todas y todos. Que para poder disfrutar de derechos básicos necesitamos reconocer también que hay diferencias. Hay personas que descienden de grupos que históricamente han sido discriminados, que han sido despojados de sus recursos, de sus bienes, de sus propiedades, que los han discriminado en los colegios, los han discriminado en la forma en la que acceden a la participación política. Eso es lo que está detrás de esto y es lo que está en juego. Los pueblos indígenas están como en la punta de lanza de una batalla cultural”, aseveró Guerra.
El abogado planteó, además, que mover esas aguas “solamente va a traerle pérdidas al actual gobierno, porque lo que va a generar es que el movimiento indígena se alinee. Los pueblos indígenas son súper diversos, hay gente de derecha, gente de izquierda, pero son indígenas, y ellos tienen muy clara su identidad, y cuando tú les pones en jaque sus derechos, van a responder a eso. Y le va a generar un problema al gobierno, porque yo creo que Kast salió con votos de los pueblos indígenas también. Y él no puso en su agenda tan claramente la modificación o la derogación de instrumentos o derechos de pueblos indígenas a este nivel”.
Provocaría aislamiento a nivel internacional
En el ámbito internacional esto es aún más complejo, porque si el Estado chileno quisiera salir del estándar del Convenio 169, tendría que denunciar (como se denomina a la petición de salida de un país) un montón de otros tratados internacionales, porque en general el derecho internacional funciona integrándose, y hoy en día todos los organismos de control de tratados internacionales interpretan en línea con lo que dice este Convenio.
Por ejemplo, “cuando se dicta el Convenio 169, lo que se empieza a generar es que el Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación Racial, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derecho Económico, Social y Cultural, empiezan a interpretar las normas de sus tratados en línea con los estándares del Convenio 169. Entonces, hoy en día el estándar del Convenio es un piso mínimo en el derecho internacional”, explica el abogado Felipe Guerra.
En definitiva, “Chile tendría que aislarse del concierto internacional para tratar de salirse de esa discusión y eso es inviable, incluso desde el punto de vista económico, porque la estrategia económica del país ha sido insertarse en la globalización y asumir tanto desde una perspectiva económica, con el Tratado de Libre Comercio, pero también insertarse en el derecho internacional de los derechos humanos, porque somos un país chico que dependemos de que hayan reglas claras, de ser parte de esos instrumentos. Entonces no es tan fácil, no es como llegar y decir me salgo de un tratado internacional como para la galería, no funciona así”, dice el abogado.
Ley Lafkenche sigue en la mira
Cuestionar el Convenio 169 va de la mano del constante esfuerzo por modificar la Ley Lafkenche (N° 20.249) promulgada en 2008, que crea los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) para reconocer y proteger el uso consuetudinario del borde costero por parte de las comunidades indígenas.
Ya se intentó suspender la norma por un año vía Ley de Presupuestos, pero en enero de 2025 el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional esa opción.
Recientemente, y en medio del paquete de medidas y normas legales que ha cambiado el actual gobierno a través de la Ley Nacional de Reconstrucción, también intentó que pasaran cambios en la regulación medioambiental que suponía no exigir resolución de impacto ambiental para proyectos acuícolas, específicamente las relocalizaciones de las salmoniculturas. El TC nuevamente dijo no a esas propuestas.
Y aunque seguirá siendo un elemento consistente en la discusión política, hay dos temas a tener en consideración con la Ley Lafkenche. Uno, que esta normativa no se puede modificar sin una consulta indígena. Y el otro problema que tiene es de fondo y es que todos los elementos que quieren modificar son regresivos, es decir, bajan el estándar de la legislación porque disminuye, debilita o retrocede en el nivel de protección de un derecho o estándar que ya se había conseguido.
Y ahí se plantearía la discusión de si es legítimo modificar una ley que protege derechos fundamentales, en este caso derechos de pueblos indígenas. Probablemente, de llegar al TC, algo así también sería declarado inconstitucional.
