El ministro de Seguridad Pública Martín Arrau, en tanto, acusó una “campaña” de “epítetos” que “no se condicen con el texto presentado”, tras los cuestionamientos planteados por diferentes abogados constitucionalistas a los cambios que impulsa el Gobierno.
Fue durante el encuentro anual de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), realizado en la comuna de Vitacura, que el presidente José Antonio Kast, volvió a defender la reforma a la Constitución para abordar la seguridad pública.
Sin embrago, esta vez no hubo emplazamientos por el origen social de quienes la cuestionan, luego que el Gobierno se defendiera de las críticas apuntando a una elite que no sufre de la delincuencia.
En esta ocasión, el mandatario puso el foco en la convicción que los mueve para llevar adelante estos cambios constitucionales en mataria de seguridad pública, debido al poder que tiene el crimen organizado, al que comparó con una empresa del delito.
El presidente Kast puso como ejemplo “la Ley de Reconstrucción Nacional, que, sí, generó mucho debate. Nos dijeron: no se va a aprobar. Por qué no, si las leyes se pueden modificar en el concurso parlamentario. No hay imposibles cuando hay voluntad, cuando hay decisión, cuando hay un objetivo claro”, afirmó.
En ese sentido, el mandatario agregó que “hoy día tenemos otra situación, la seguridad. Y dicen: no, mire, esto no va a funcionar. Yo les aseguro que todos estamos por mejorar la seguridad en Chile y la seguridad también redunda en que las empresas mineras tengan que gastar menos en hacer zanjas para que no le roben la maquinaria, en no tener que subir con casi guardia armada para retirar los productos en algunas faenas mineras donde poco es mucho en dinero”.
“Bueno, esa es la seguridad que estamos buscando, si el crimen organizado cambió, son empresas transnacionales que requieren otro tipo de legislación, nos tenemos que poner de acuerdo qué legislación queremos, pero el objetivo es uno: recuperar la seguridad para nuestra patria”, insistió el mandatario.
Finalmente, el Jefe de Estado ironizó con los cuestionamientos que lo califican de iliberal o autoritario, apuntando nuevamente a la voluntad de querer hacer las cosas de manera distinta para avanzar en seguridad pública.
“Hemos mostrados todos, todos los sectores, que somos capaces de destrabar aquellas cosas que estaban ahí entrampadas, porque tenemos la voluntad y el liderazgo. Se discutirá qué tipo de liderazgo es, pero lo importante es que las cosas avanzan”, afirmó el presidente Kast.
Presidente José Antonio Kast participa del encuentro anual de la Sonami 2026. Fuente foto: Redes Sonami
“Campaña de epítetos”
El ministro de Seguridad Pública Martín Arrau, por su parte, volvió a referirse a los cuestionamientos de abogados constitucionalistas que han levantado las alertas por el carácter autoritario o iliberal de los cambios planteados a la Constitución por el Gobierno.
Respecto del nuevo estado de excepción, donde es el Presidente de la República quien lo decreta, sin consulta del Senado y por 8 meses, el ministro Arrau explicó que se busca intervenir “barrios, puntos muy locales donde el narco, el crimen organizado se lo ha tomado”, argumentando que alguna de las atribuciones que se proponen ya están en otros estados de excepción.
Sobre las críticas de autoritarismo en las normas, el ministro de Seguridad Pública llamó “a la seriedad, y cuando la gente diga cosas como esa, que diga por qué. Yo no veo dónde ciertos políticos, periodistas, doctores en derecho y algunas personas que son más bien opinólogos, sacan epítetos como los que usted dice”.
El ministro Arrau explicó que lo que buscan, entre otras cosas, es “un listado de organizaciones de crimen organizado y terrorismo que existe en muchos países, con normas vinculantes a eso, que son menos estrictas que las que existen en muchos países, todos desarrollados y muy ejemplo para nosotros”, destacando a Canadá, Estados Unidos y Australia.
De igual forma, el ministro de Seguridad Pública acusó una ofensiva en contra de la reforma constitucional sin considerar su contenido. “Sale una campaña, yo no lo quiero llamar desinformación, pero con epítetos que claramente no se condicen con el texto que hemos presentado”, sostuvo.
¿Epítetos?
El simplismo con que el Ejecutivo ha enfrentado los cuestionamientos de los expertos por los cambios constitucionales que propone la reforma de seguridad pública, ha puesto en entredicho cuáles son las reales intenciones –si es que las hay- detrás de estas “medidas autoritarias” que rompen los contrapesos que resguarda la Constitución entre los distintos poderes del Estado.
El profesor de Derecho Constitucional y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, explicó hace unos días en conversación con redacción, cuáles son los alcances de las normas que propone el Ejecutivo y las alarmas que se han levantado ante una reforma calificada como “técnicamente deficiente” por la gran mayoría de los abogados constitucionalistas del país.
En su intervención ante los empresarios de la Región del Biobío agrupados bajo la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el presidente Kast minimizó señalando que no se estaba abriendo un nuevo proceso constitucional, sino que haciendo “una pequeña reforma a la Constitución”. ¿Qué le parece esa simplificación de la controversia?
Con todo respeto al Presidente de la República, siendo abogado, francamente, uno queda anonadado. Le doy un ejemplo de una pequeñísima reforma. Cinco palabras. Artículo cuarto: ‘Chile es una República democrática’. Cinco palabras. Y usted comprenderá el efecto que tiene eso.
Esto me recuerda cuando el presidente Gabriel Boric debatía con el candidato Daniel Jadue. Y Jadue proponía una suerte de ministerio de la verdad, una especie de ente que iba a velar porque se dijera la verdad en los medios de comunicación, pero dirigido por el gobierno, y todos sabemos en lo que eso termina.
El hombre decía tenemos este problema, este flagelo: se dicen mentiras todos los días, las fake news. Todos estamos de acuerdo que hay fake news, pero el remedio era una bomba atómica para la libertad de expresión en Chile y el derecho a informarse. Entonces, ese ministerio de la verdad le costó, yo creo, la candidatura a Jadue, entre otras cosas, y fue presidente Boric por eso.
Pero usted comprenderá que es el deber de la ciudadanía, de los académicos, del periodismo, hacer un escrutinio de las propuestas, que, aunque las intente minimizar una autoridad o no se dé cuenta de lo peligrosas que son en otras manos; yo no estoy imputándole ninguna mala fe, pero la ignorancia que supone eso es un peligro, un peligro para nuestro orden democrático y nuestros derechos fundamentales.
El grado de exposición, de vulneración, de invasión de la libertad personal de los chilenos, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, implicaba que por ocho meses se podía detener a usted, a mí, a cualquier persona que no es narcotraficante o terrorista, por ocho meses. O de espiarnos por ocho meses sin control del Congreso o de cualquier autoridad.
Entonces, minimizar eso y tratar de decir, no, mira, quizá este problema se reduce si de 120 prolongables por 120 días lo bajamos a 30 prolongables por 30; es como que el ministerio de la verdad operara solamente una vez al año por 30 días. No sé si me explico, estoy haciendo la equivalencia con esa propuesta irracional del candidato Jadue que le costó la candidatura. Por lo tanto, sigo bajo la impresión de: ¿dónde está el piloto?
Javier Couso, académico de la UDP y Doctor en Derecho Constitucional.
¿Esto efectivamente se podría considerar una improvisación o es más bien una señal propia de las denominadas democracias iliberales, como la que impulsó Viktor Orbán en Hungría y que José Antonio Kast ha señalado como ejemplo para sus políticas de gobierno?
Orbán quería destruir la democracia húngara, copar todas las instituciones de control para perpetuarse en el poder. Yo no tengo en este momento antecedentes ni motivos para pensar que Kast pretende perpetuarse en el poder y destruir la democracia chilena. Es alguien que reconoció su derrota frente a Boric, de inmediato. No es el tipo de cosas que hacen los Bolsonaros o los Trumps, esa gente nunca reconoce cuando pierde y llama a incendiar la capital cuando pierde.
Pero el propio presidente Kast -cuando era candidato- reconoció públicamente en una entrevista en 2019, que en vez de compararlo con Bolsonaro o Trump, prefería que lo llamaran “Orbán chileno”.
Bueno, esas son cuestiones desconcertantes. Sin embargo, creo que es una chambonada del Gobierno, porque esto es una cuestión que ha generado rechazo hasta por constitucionalistas de centro-derecha, si esto no tiene presentación. Por lo tanto, creo que lo honorable en este momento es que el Gobierno retire esta reforma constitucional. En su incepción está totalmente mal orientada.
Entonces, creo que se pueden sostener las dos cosas a la vez. Quizá yo soy ingenuo, pero me da la impresión de que este es un Gobierno que en esta materia no está pretendiendo destruir la democracia chilena, pero esta medida contribuye a destruirla. ¿Me entiende? Quiero creer que es un error.
No niego que al interior del Partido Republicano hay líderes que tienen pulsiones autoritarias, pero el Gobierno incluye gente como José García Ruminot, como Claudio Alvarado, como la ministra May Chomalí, que son demócratas. Entonces, aquí no creo que haya habido una especie de plan maestro para destruir la democracia chilena, puedo equivocarme, pero lo que sí tengo claro es que esta medida es iliberal y han habido declaraciones que son iliberales, como hostilizar al Tribunal Constitucional, aunque eso se sacó.
Hay una robusta agenda de seguridad de 29 leyes, 19 de las cuales ya estaban en proceso por parte del gobierno de Boric y antes, y 9 que se agregarían. ¿Por qué no se dedican a sacar esas leyes? Y si quieren realmente abordar la delincuencia: se necesitan entre 44 000 o 45 000 más carabineros, para financiarlo se necesita una reforma tributaria, una que suba los impuestos no que los baje.
Así es que, creo que este debate de pasarnos semanas discutiendo si es o no iliberal se acaba de una manera muy simple: que el Gobierno retire este paquete de reformas que no estuvo bien pensado sencillamente y vayamos a lo que importa, a invertir más en carabineros, a discutir razonablemente en el Parlamento las leyes. Esto no es la megarreforma económica.
¿Calzan estas medidas del Gobierno con esto que se ha planteado por algunos políticos de la oposición de la lógica del ‘tejo pasado’?
Es que no puedo creer que un gobierno, voy a volver al ejemplo del ministerio de la verdad. Uno no puede plantear una propuesta que es desastrosa para los derechos de los chilenos y chilenas y decir, no, en realidad esto era como una estrategia. Yo creo que esto es un error catastrófico, una chambonada. Nunca alguien puede quedar como ignorante o como buscando destruir la democracia como estrategia de ‘tejo pasado’. Uno entiende que a veces se usa en política la estrategia del ‘tejo pasado’ o en una negociación sindical, pero acá es catastrófico para las instituciones, como lo señaló el propio presidente de la UDI.
El presidente de la UDI cuando logró que se dejara de hostilizar al Tribunal Constitucional, dijo: acá se están dañando a las instituciones. Uno no puede, como estrategia del ‘tejo pasado’, en el intertanto dañar las instituciones, y no lo digo yo, lo dice el presidente de la UDI. Él logró bajar en ese momento dos normas que eran aberrantes también constitucionalmente, no quiero entrar en detalles porque daría para mucho, ya se borró del proyecto, no llegó a nacer. Pero, habla muy mal de un gobierno que como estrategia de ‘tejo pasado’ dañe las instituciones en el camino.
Eso viola la separación de poderes, politiza la justicia. La ley puede establecer que existirán este tipo de asociaciones ilícitas terroristas, de organizaciones criminales, pero el que califica quién cabe dentro de esa categoría históricamente ha sido en Chile la Judicatura, y en todos los países democráticos, no entes políticos como el Presidente o el Congreso. El Congreso hace las leyes, el que determina si usted o yo pertenecemos a esa categoría son los tribunales independientes, a políticos. Es otra aberración.
Mire, tiene tantos forados que, francamente, yo creo que lo más honorable es retirar el proyecto y dedicarse a sacar la friolera de 29 proyectos de ley que ya están y que ojalá se hagan con toda la minuciosidad que faltó en este caso. Eso requiere atención, energía y tiempo.
¿Cómo prevé la votación en el Congreso, cree que al ir como un solo paquete se apruebe la idea de legislar?
Tengo muchas dudas de que alguien de la oposición o el senador Walker, que ha dicho que esto es una locura, vayan a votar por esto.
