Detenido quinto implicado en muerte de niño en encerrona en San Bernardo

Prisión preventiva e internación para los cuatro detenidos por muerte de niño en encerrona

La Fiscalía los formalizó por robo con homicidio y delitos asociados al robo del vehículo y logró establecer que los imputados son un peligro para la seguridad de la sociedad. Se sigue tras los pasos de un quinto sujeto que participó en este hecho. 

“Todos los imputados actuaron conscientes, conociendo los riesgos, con desprecio absoluto por la vida”, ya que habrían tenido claridad que la víctima estaba siendo arrastrada, es la conclusión a la que ha llegado la Fiscalía Occidente en este caso. Este dolo o intención es lo que lleva al Tribunal de Garantía de San Bernardo a decretar la internación provisoria para dos adolescentes y prisión preventiva para los dos adultos que participaron en la encerrona, que la madrugada del martes 23 terminó con la vida de un niño de 12 años.  

En su resolución, el juez de Garantía de San Bernardo, René Reyes, arribó a la misma deducción y dijo que era imposible no entender que la víctima podía terminar falleciendo. Y desde Fiscalía concordaron en que “a todas luces, efectivamente era posible (darse cuenta), según lo que probamos o al menos exhibimos en la audiencia, a raíz de los videos, las cámaras de seguridad, para todos era posible visualizar la situación del niño, y todos sabían de su presencia en el lugar. Por lo tanto, es imposible, a juicio del Ministerio Público, sostener que ellos no actuaron en forma dolosa”. Incluso el padre testificó que gritó alertándoles que el niño iba en el auto.

La Fiscal Regional Occidente subrogante, Paulina Díaz, explicó que ese conocimiento de parte de los autores del crimen, “es lo que sostenemos en base a la prueba. Existen registros de videograbado que indican que, efectivamente, todos los imputados eran capaces, al momento de los hechos, de visualizar la situación en la que se encontraba nuestra víctima de 12 años. Por lo tanto, obviamente, se sostiene el dolo común que existe en la totalidad de los imputados, y en base a eso es que el tribunal finalmente decide que se da lugar a las cautelares solicitadas”.

Y agregó que, “la situación en que se encontraba (la víctima) sostenido o enredado en el cinturón de seguridad siendo arrastrado, todos los imputados eran capaces de haber detenido su accionar para efectos de salvaguardar su integridad y su vida. Y ninguno lo hizo, sostuvieron la misma conducta y el mismo riesgo que se concretó en la pérdida de su vida”.

Por todo ello, las penas que arriesgan, en el caso de los imputados adultos, al ser uno de los delitos más graves del sistema, Fiscalía apuntará a que sea la máxima sanción, como es el “presidio perpetuo o calificado. Y en el caso de los imputados menores de edad, también se va a pedir el máximo que es posible según la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, considerando la gravedad del delito, de 10 años”.

Ahora las diligencias apuntan a la detención de un quinto integrante de la banda, y de quien no se entregó información para asegurar el éxito de las pesquisas.

Perfil delictivo y avance en investigación

La Fiscal Díaz agregó que “este grupo o banda se dedica a una multiplicidad de tipos de robo, pero lo que se había perfilado preliminarmente era respecto de servicentros. Ahora, a raíz de esto nos damos cuenta de que fue un tour delictual. Entonces, partimos de un hecho, que es un robo con intimidación (servicentro), luego un robo calificado, que se fractura una en la clavícula de la víctima (carabinero de franco), y el tercer hecho, que es el más gravoso de todos y el más lesivo, que nos ha consternado a todos”, manifestó la Fiscal Regional Occidente subrogante, Paulina Díaz.

Por su parte, el fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, dio cuenta que transcurrieron 50 minutos entre cada uno de los ilícitos. “Y se pudo resolver a pocas horas de la comisión de estos hechos, porque se trabajó con los laboratorios, se logró recolectar huellas o realizar pruebas genéticas que posicionan a los imputados en cada uno de los hechos, con los vehículos, y posteriormente también se encuentran las especies”, dijo.

El persecutor agregó que “el tribunal determinó, y a petición de la fiscalía, un plazo de 120 días de investigación, ya que hay una serie de diligencias que todavía tenemos que concretar para afianzar aún más nuestra investigación, pese a los avances que tenemos, incluso científicos de la misma”.

Prontuario de los menores detenidos

Al menos tres años llevan cometiendo delitos de robo los menores de edad involucrados en este horrible crimen. Respecto de ellos “existen antecedentes penales anteriores, no así en relación con los adultos que participaron en estos delitos, pero se argumentó en la audiencia diversas agravantes en el caso de estos mayores de edad”, explicaron desde el Ministerio Púbico.

De los dos adolescentes de 17 años, uno de ellos a los 14 registró su primera detención por un auto robado en Curacaví, y luego las detenciones siguientes siempre estuvieron vinculadas con robo de automóviles. Y el segundo menor de edad, por su parte, fue detenido el año 2024, cuando tenía 15 años, por el robo de un automóvil y su última detención es hace tres meses por la receptación de un auto.

“Estaba supermapeado que estos menores llevaban tres años con distintos delitos de robo de vehículos. La noche del 23 habían cometido dos robos de vehículos, y en uno de ellos además cometen el homicidio de Alejandro. Pero esto estaba pasando hace rato, de que estaban mapeados, de que habían sido detenidos, de que eso facilita, por lo tanto, su detención posterior”, señaló el abogado y exfiscal Carlos Gajardo, en conversación con CHV.

“Están los datos que solo nos confirman lo que hemos venido diciendo, que aquí hay un evidente fracaso de las normas sobre responsabilidad de los menores de edad, y no hay que ser jurista para darse cuenta. Esto está fallando y las consecuencias desgraciadas las estamos viendo. Está muy bien intentar rehabilitar a los menores, nadie va a estar en contra de eso, pero en la medida que sean un peligro para la seguridad de la sociedad, en la medida que no estén rehabilitados deben ir a internación provisoria”, concluyó Gajardo.

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