TC rechaza Escuelas Protegidas

TC revisa mochila de Escuelas Protegidas: inconstitucional pérdida de la gratuidad y registro de las policías sin orden judicial

El organismo también declaró contrario a la Constitución, prohibir la admisión escolar de alumnos que hayan sido expulsados o cancelada su matrícula por convivencia escolar. El fallo sienta un precedente de cara al proyecto de Registro de Vándalos.

Un duro golpe de constitucionalidad recibió la iniciativa legal con que el Gobierno pretendía abordar la violencia escolar, luego que el Tribunal Constitucional (TC) declarara que el proyecto Escuelas Protegidas es contrario a la Constitución en varios de sus artículos.

En lo esencial, el TC indicó que con respecto a la revisión de mochilas de los estudiantes es inconstitucional que el registro lo puedan hacer las policías sin una orden judicial en caso que el alumno se rehúse a abrirla.

Asimismo, se dejó fuera la sanción que buscaba restringir la gratuidad universitaria a quienes hayan “sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública”, sugería el texto.

De igual forma, el TC desechó la norma que buscaba sancionar como falta grave a la convivencia escolar los paros o movilizaciones, conllevando a una exclusión de los procesos de admisión en caso de expulsión o cancelación de matrícula del alumno.

Tampoco pasó el control de constitucionalidad la norma que apuntaba a restringir el uso de accesorios o vestimentas de los alumnos, “que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, drogas o conductas delictuales u contrarias a la ley”.

Precedente para Registro de Vándalos

Una de las principales consecuencias que podría generar este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, más allá de haber cercenado el corazón de Escuelas Protegidas, dice relación con la iniciativa del Registro de Vándalos, ya que, entre sus sanciones, incorpora restricción al acceso de la gratuidad universitaria y la Pensión Garantizada Universal (PGU), punto que el TC declaró inconstitucional en esta pasada.

La decisión fue adoptada por la presidenta, Daniela Marzi Muñoz, Nancy Yáñez Fuenzalida, María Pía Silva Gallinato, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera Muñoz, Catalina Lagos Tschorne, Héctor Mery Romero, Marcela Peredo Rojas, Alejandra Precht Rorris y Mario Gómez Montoya.

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