El informe del ente fiscalizador se dio a conocer un mes y medio después de que el Gobierno pidiera la renuncia de Trinidad Steinert, debido a que las críticas hacían insostenible mantenerla en el cargo.
Todas las especulaciones que giraron en torno al resultado de la indagatoria que realizó la Contraloría General de la República a la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, por el oficio reservado enviado a la PDI a solo dos días de haber asumido en el cargo, eran verdad. Sin embargo, no fueron dadas a conocer hasta un mes y medio después que se concretó la renuncia de la exfiscal, el pasado 19 de mayo.
En el dictamen de la Contraloría, se señala que el oficio reservado N° 28, de 2026, enviado por Steinert pedía “un informe detallado respecto del personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado específica, vinculada a la investigación penal de una causa determinada y que se encontraba en curso, a cargo de una Fiscalía Regional del Ministerio Público”.
En el oficio, la exministra de Seguridad pide información detallada sobre “los fundamentos institucionales y necesidades de servicio que sustentaron la reasignación de una dotación de funcionarios que se encontraban ejerciendo labores investigativas”.
Sin embargo, puntualiza la Contraloría que en el oficio “no sólo se pide informar en general sobre estas materias sino que, además, la exautoridad requiere que se adjunte la nómina detallada (nombre completo, cédula de identidad y grado de los funcionarios trasladados y/o cesados en sus funciones investigativas respecto de una causa RUC específica que cita), así como la denominación y la materia a que dicha causa se refiere, afirmando expresamente que ese personal participaba en tales investigaciones”.
Además, Steinert solicitó explicaciones sobre el fundamento de los traslados, “que se informe la región, unidad de destino y cargo actual que desempeña cada uno de los referidos funcionarios, como asimismo que se remitan los antecedentes disciplinarios o penales y la copia íntegra de cualquier denuncia administrativa, sumario interno o denuncia penal que hubiere sustentado, lo que califica como “remoción” de los mismos”.
Mara Sedini, exministra vocera; María Pía Adriasola, primea dama y Trinidad Steinert, exministra de Seguridad. Foto: Presidencia, cambio de gabinete.
Conflicto de interés
En los argumentos de su dictamen, la Contraloría sostiene que la exigencia planteada por la abogada, “aunque se haya emitido en carácter reservado, se refirió a datos personales, antecedentes de desempeño, administrativos y eventualmente penales de funcionarios públicos específicos”, lo que “excede la facultad general de requerir informes”, agregando “que la propia norma establece que ni aún de manera reservada o secreta pueda usarse tal facultad, cuando afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación en curso”, como era el caso, ya que pedía información de funcionarios de la PDI que “habrían intervenido en una investigación penal precisa” y que “aún se encontraba en curso”.
En entre contralor aseveró también se debió “tener presente que los requerimientos de información se refirieron a personal perteneciente a una dependencia policial que apoyaba la labor investigativa que encabezaba la propia ex Secretaria de Estado en su anterior desempeño, lo que se debe considerar al tenor del deber legal de abstención que, respecto de su cargo público previo, aquella debía observar”.
“En este sentido, la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N os 22.989, de 2019 y E53.860, de 2020, ha manifestado que las personas que ejercen cargos o funciones públicas deben cumplir estrictamente con el referido deber de abstención, cuando se vean afectadas por un conflicto de intereses en su ejercicio, aun cuando aquel sea solo de carácter potencial”, concluyó.
Por tanto, la Contraloría afirmó que actuación de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, “no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”.
Sin embargo, lo que no se pudo subsanar con esta investigación son los efectos que tuvo el actuar arbitrario y fuera de la legalidad de la exautoridad de Gobierno, ya que la Contraloría determinó que salida de la desvinculación de la Prefecto General de la PDI, Consuelo Peña, “fue cursado por esta Contraloría General el 10 de abril de la anualidad en curso, por ajustarse a derecho”.
