Desde la cuprífera estatal más grande del mundo, señalaron a redacción que se presentó un recurso administrativo sobre algunas de las conclusiones de la investigación del organismo técnico, por estimar que “omiten antecedentes relevantes” sobre las causas del fatal accidente.
En los próximos días se conmemorará un año del accidente minero que causó la muerte de seis trabajadores y dejó a otros nueve lesionados en la mina El Teniente de Codelco y todavía quedan muchos elementos que dilucidar en el ámbito administrativo y penal para que se establezcan las respectivas responsabilidades, como esperan los familiares de las víctimas.
Entre los antecedentes que ya se conocen, está el informe elaborado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), estamento técnico encargado de fiscalizar las actividades mineras del país, y donde se establece que el accidente “no se explica únicamente por la ocurrencia del fenómeno” sísmico, “sino por la existencia de condiciones operacionales”, exponiendo a los “trabajadores a un escenario de riesgo significativo”.
Constatando, además, “que la operación minera evolucionó hacia una configuración distinta de aquella considerada en el diseño y aprobación original del proyecto, sin una reevaluación técnica integral que abordara de manera explícita sus implicancias en el comportamiento del macizo rocoso y en las condiciones de estabilidad del sistema”.
Concluyendo el Sernageomin que “el sistema de gestión no logró anticipar, integrar ni controlar adecuadamente las condiciones de riesgo presentes en la operación, ni asegurar la implementación efectiva de barreras preventivas destinadas a resguardar la vida e integridad de los trabajadores, conforme a las exigencias del Reglamento de Seguridad Minera”.
Respuesta Codelco
Consultado Codelco sobre el informe del organismo, señaló a redacción que se “presentó oportunamente un recurso administrativo respecto de algunas conclusiones técnicas del informe”.
Desde la cuprífera estatal estiman que en la investigación del Sernageomin, “omiten antecedentes relevantes y atribuyen retrospectivamente insuficiencias sin identificar medidas técnicamente disponibles que hubieran permitido anticipar el accidente”.
Asimismo, Codelco sostuvo que “continuará colaborando plenamente con SERNAGEOMIN para seguir fortaleciendo la seguridad de sus operaciones”. Sin embargo, plantea que “varias de las condiciones de operación habían sido previamente fiscalizadas o autorizadas por la propia autoridad”.
“Reiteramos nuestro respeto y solidaridad con las familias de los trabajadores fallecidos, sus compañeros y toda la comunidad de División El Teniente. La seguridad de las personas seguirá siendo nuestra máxima prioridad”, cierra el comunicado enviado por Codelco.
El derrumbe del 24/7
El informe del Sernageomin estableció también que el evento del 31 de julio de 2025 no ocurrió de manera aislada, sino que estuvo precedido por eventos sísmicos e incidentes geomecánicos relevantes de alta energía en la División El Teniente de Codelco, lo que “evidencian que la operación ya presentaba manifestaciones previas de sismicidad inducida y daños a infraestructura en distintos sectores, lo que constituye un contexto técnico indispensable para el análisis del accidente y de la eficacia de las medidas preventivas adoptadas”.
En particular, indica que “se registraron episodios anteriores con estallidos de roca, colapsos de galerías, daños a fortificación y condiciones de riesgo que afectaron sectores productivos y de infraestructura”.
Entre ellos destacan un evento del “18 de septiembre de 2021, en Mina Recursos Norte, se produjo un evento de 1,9 Mw con colapso del techo en una intersección del Nivel de Acarreo, en un entorno cercano a la falla N3, sin exposición de personal por tratarse de feriado”, indica el documento al que accedió redacción.
Pero es el “evento de alta relevancia” ocurrido el 24 de julio de 2023 el que adquiere particular importancia, ya que este estallido de roca fue en el mismo sector donde ocurrió la tragedia en la que fallecieron los seis trabajadores de la División El Teniente de Codelco.
“Se registró un evento de alta relevancia en el contexto de minería profunda, inicialmente reportado como 3,0 Mw y posteriormente corregido a una magnitud mayor, con daños mayores en el Proyecto Andes Norte, aislamiento de un trabajador que debió ser rescatado, y afectación a infraestructura en zonas que posteriormente volverían a manifestar vulnerabilidad”, detalla el informe.
Además, se describe que “durante noviembre de 2023, se efectuaron revisiones en terreno para verificar el avance de fortificaciones implementadas luego del evento de julio de 2023, en sectores con presencia de sobreexcavación y levantamientos de techo”.
Según el Sernageomin, “se ejecutaron labores de reparación mediante fortificación con pernos, cables, malla y shotcrete” (método de construcción en el que el hormigón es proyectado a alta velocidad a través de una manguera hacia una superficie).
En este sentido, la investigación señala “que la operación se desarrolló en sectores con condiciones geomecánicas exigentes y antecedentes de riesgos conocidos, asociados tanto a la evolución del comportamiento sísmico como a la presencia de estructuras geológicas relevantes -incluyendo la Falla N3 en el sector Loop 1- con orientación concordante con el régimen de esfuerzos, sin que las medidas operacionales y de control implementadas resultaran suficientes para restringir la exposición de personas en dichas áreas”.
Asimismo, identifica “brechas en la gestión del riesgo geomecánico, particularmente en la integración de información relevante para la toma de decisiones, en la actualización y aplicación de criterios operacionales frente a condiciones críticas, y en la verificación de la efectividad de las medidas preventivas”.
Cambios al diseño original por Codelco
En las 122 páginas que tiene el informe del Sernageomin sobre las causas de esta tragedia minera, se detalla cada uno de los antecedentes que consideraron para arriba a las conclusiones, incluidos todos los protocolos y medidas que deberían haberse tomado en la construcción de este nuevo nivel de la mina.
Uno de los puntos que llamó la atención de los fiscalizadores, dice relación con cambios “en el diseño y aprobación original del proyecto, sin una reevaluación técnica integral”, sobre lo cual el informe también ahonda.
“Desde el punto de vista geomecánico, el fracturamiento hidráulico (FH) actúa principalmente a escala local, modificando las condiciones del macizo en sectores específicos. Por ello, su efectividad depende de una adecuada definición de su extensión, ubicación y profundidad, en función del estado tensional y de la evolución del sistema minero. Sin embargo, la efectividad del FH debe ir anterior a la explotación, es decir, en la etapa de desarrollo”, indica.
Según el informe, “en escenarios de sismicidad profunda y alta interacción entre cavidades, como el observado en el evento del 31 de julio de 2025, el fracturamiento hidráulico no necesariamente resulta suficiente como medida única de control”.
“Lo anterior da cuenta de limitaciones en su capacidad para mitigar fenómenos de liberación de energía de gran magnitud, particularmente cuando subsisten zonas no tratadas o condiciones tensionales que exceden su ámbito de influencia”, especifica el Sernageomin.
En los días posteriores al accidente, trabajadores denunciaron que hubo sismos previos y elementos que indicaban que se podrían provocar derrumbes, pero que no estaban siendo considerados.
Sobre el reforzamiento del techo tras el evento del 24 de julio de 2023, se estableció por el Sernageomin “que la estrategia de fortificación post-2023 se limitó a una reparación de carácter local y estático, sin considerar una reingeniería a la respuesta dinámica del macizo ante eventos de mayor magnitud, cuya probabilidad de ocurrencia ya había sido advertida”.
“No obstante, lo anterior, se concluye que, aun cuando la fortificación ejecutada se ajustaba a lo indicado en los planos de diseño, ésta no resultó suficiente para contener” el derrumbe generado por el evento sísmico del 31 de julio de 2025.
Por tal razón, el organismo técnico argumentó que “lo anterior evidencia que los criterios de diseño y verificación del sistema de soporte no consideraron adecuadamente escenarios de liberación de energía de mayor magnitud, capaces de comprometer la estabilidad del sector. Se evidenció que la División validó un sistema de soporte cuya capacidad de resistencia era inferior a la demanda energética del yacimiento”.
Adicionalmente, se sostiene que “la condición geométrica del sector, no fue abordada mediante soluciones de sostenimiento acordes a dicha configuración, tales como sistemas de soporte de mayor capacidad o medidas equivalentes de control, como el aislamiento o la restricción del área”.
Sin embargo, se permitió “el tránsito de personas y equipos bajo una “luz” de 13 metros de altura sin un refuerzo estructural (como marcos de acero o pilares de relleno), considerando que esta sobreexcavación alteró drásticamente el brazo de palanca y la estabilidad de las cuñas de roca, convirtiendo el sector en una zona de alto riesgo de colapso inminente, debió ser clausurada de forma permanente”, asegura el Sernageomin.
“Se mantuvo el uso del sector como ruta de tránsito de equipos y circulación peatonal, pese a la presencia de condiciones geotécnicas desfavorables y antecedentes de inestabilidad, lo que incrementó significativamente la exposición de las personas frente a un evento de alta energía, sin la implementación de medidas de restricción o aislamiento acordes al nivel de riesgo existente”, estableció.
