El Gobierno dará suma urgencia a proyectos que buscan endurecer las penas adolescentes en casos de delitos graves.
El Gobierno dará vía rápida al proyecto presentado por parlamentarios de Renovación Nacional. Además, de manera transversal se ha pedido al Ejecutivo patrocinar otra iniciativa que busca penalizar adultos que usen a niños, niñas y adolescentes para cometer ilícitos.
La cruel muerte de un niño de 12 años que, junto a su familia, fue víctima de una encerrona realizada por una banda que era liderada por un menor de 17 años, puso el foco nuevamente la carrera delictual de menores que, a corta edad, acumulan prontuarios con delitos cada vez más violentos, con entradas y salidas del sistema de reinserción que no se traducen en resultados que muestren un alcance real de estos programas que buscan sacar a niños, niñas y adolescentes del mundo criminal. Por eso, desde la tragedia en San Bernardo, la discusión en el Congreso tornó a plantear diversas modificaciones a leyes vinculadas a la justicia penal adolescente.
De hecho, el Gobierno decidió otorgar suma urgencia al proyecto que endurece las sanciones aplicables a adolescentes que cometan delitos de mayor gravedad, propuesta que fue presentada por parlamentarios de Renovación Nacional (RN) en diciembre de 2022, y el cual se reactivó ante los hechos delictivos violentos que han protagonizado menores de edad.
Otra iniciativa que tendrá urgencia es la que presentó en junio de 2025 la bancada transversal de la Cámara de Diputados, que busca aumentar las penas contra adultos que induzcan, utilicen o instrumentalicen a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos, especialmente cuando exista aprovechamiento de vulnerabilidad, dependencia o vínculos familiares, e incorpora agravantes cuando menores resulten víctimas de lesiones graves, gravísimas o fallezcan en delitos donde hayan sido instrumentalizados por adultos, como fue el caso del pequeño Alejandro en San Bernardo.
Ambas propuestas están contenidas dentro de la batería de leyes que el Gobierno busca modificar, para cumplir con el objetivo de, no solo disminuir la ocurrencia de delitos graves, sino evitar que estos sean cometidos por menores de edad.
“Durante muchos años, Chile se acostumbró a la impunidad, debilitó la autoridad, sus principios morales y educación. Esto no es solo un problema penal, es también un problema cultural y moral. Estos cambios abordan solo una parte del problema, que es la respuesta y sanción del estado, y la protección de la familia chilenas”, planteó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, a través de su cuenta en X.
En dicha comunicación explicó los cinco puntos más relevantes de lo que será la discusión sobre responsabilidad penal adolescente, los cuales fueron dados a conocer por la cartera de Justicia, partiendo por poner en discusión inmediata el proyecto e ingresarle indicades, ya que está en su segundo trámite constitucional en el Senado.
Detención adolescente involucrado en muerte de niño de 12 años en San Bernado tras una encerrona. Captura pantalla.
Catálogo delictivo
Primero, establecer que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos, de forma excepcional, respecto de un catálogo de 17 delitos graves propuestos, previa solicitud fundada del fiscal y autorización de un juez.
El listado de esos delitos graves es: secuestro, secuestro de menores, violación, abuso sexual calificado, parricidio, homicidio simple y calificado, robo calificado, robo con violencia o intimidación, incendio con resultado de muerte o lesiones, incendio, tenencia o colocación de artefactos explosivos, homicidio y lesiones a cabineros, policía de investigaciones o general media de Chile, o cualquier otro delito sancionado con presidio perpetuo.
En segundo lugar, se propone aumentar el límite máximo de sanción aplicable a menores de 16 años que cometan delitos graves incluidos en este catálogo propuesto. En casos de reiteración o de reincidencia, la sanción máxima que hoy llega a 5 años podría elevarse hasta 10 años.
Tercero, propone que cuando un adolescente condenado por un delito del listado señalado cumpla 18 años, y si así se recomienda en el informe del Servicio Nacional de Reinserción, será obligatorio para el tribunal ordenar su traslado a un recinto administrado por Gendarmería de Chile, es decir, cárcel de adultos.
Otro punto es dar su urgencia al boletín 17637-07, que crea un delito autónomo para sancionar a quienes recluten, utilicen o instrumentalicen a menores en beneficio de organizaciones criminales con penas agravadas cuando estos sean menores de 14 años.
Y quinto, que no se considere el atenuante de irreprochable conducta anterior a adultos que, siendo menores, fueron condenados por algún delito del listado propuesto.
Poder de fuego: símbolo de estatus y reconocimiento
Catalina Droppelman, directora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC e investigadora asociada de VioDemos, en el programa “La ciencia que se comunica UC”, analizó la evolución de los delitos cometidos por jóvenes y adolescentes y explicó cómo el poder de fuego ha adquirido un rol cada vez más relevante como símbolo de estatus y reconocimiento.
Si bien, en general la delincuencia juvenil va a la baja, a juicio de la investigadora, “lo que no va a la baja, o lo que no sigue una tendencia tan a la baja como la totalidad de los delitos, son los delitos violentos en el caso de los jóvenes”.
Un dato revelador que ha aparecido en sus investigaciones, muestra que “el significado que le atribuyen a la delincuencia también ha ido cambiando. Los jóvenes dan muchísimo más valor al uso de armas, a la violencia, a la participación en grupos o en bandas criminales, que era un fenómeno que antes no observábamos, porque la delincuencia juvenil estaba mucho más circunscrita a los delitos contra la propiedad y a la adquisición de bienes materiales” sostiene.
Además, argumenta que esa “era una delincuencia muy expresiva, no solamente instrumental, no era una delincuencia que era solamente para proveerse dinero, sino también para poder adquirir identidad, para poder ser o generar una cierta movilidad social a través de los fines de consumo. Ir y comprar, ingresar a los malls, comprar ellos sus propias cosas, pasearse por los barrios en los autos que robaban. Era una manera de adquirir cierto estatus”.
Y concluye que “lo que estamos observando hoy es que los jóvenes ya comienzan a hablar también del poder de fuego como un instrumento para poder acceder al estatus. Entonces, eso es principalmente lo que preocupa en el ámbito de la delincuencia juvenil, este cambio más bien cualitativo en la delincuencia, pero acompañado también a unos altos niveles de deserción escolar postpandemia, y a una oferta programática en el caso de ese rango etario bastante pobre en nuestro país. Entonces, todo eso en conjunto hace que, a mi juicio, la delincuencia juvenil debiese ser una de las principales preocupaciones en el ámbito de la criminalidad”.
