La acción ante la Contraloría apunta a una eventual infracción al principio de probidad administrativa, al entregar datos falsos respecto del número de robos violentos registrados el año 2025 en la pasada administración. Según las cifras oficiales estos delitos llegaron a 69 777, mientras que el mandatario informó que fueron 218 000.
No deja de llamar la atención que el escrutinio público que se hacía hace un año respecto del gobierno anterior y sus autoridades -muchas veces de manera justificada-, copando la agenda informativa con personeros del actual oficialismo acusando escándalos y exigiendo renuncias de ministros a diario; hoy no tenga el mismo interés por parte de los grandes medios de comunicación cuando se trata de la actual administración.
Ejemplos hay muchos: la frase del “Estado en quiebra”, la metáfora de las 300 000 expulsiones de migrantes irregulares, el actuar ilegal de la exministra Trinidad Steinert constatado por la Contraloría, el test positivo a droga del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez o las más de 30 autoridades que han sido removidas de sus cargos en solo cinco meses de Gobierno.
De hecho, la situación termina siendo más vergonzosa aún, si se considera que el discurso que se instaló – incluso por parte de algunos medios de comunicación– fue de la llegada de personas preparadas y eficaces para administrar un país que se “caía a pedazos”.
Esta vez, fue la última cadena nacional del presidente José Antonio Kast, el escenario escogido por los asesores del mandatario para instalar un par de falsedades. La primera, en relación con cifras de delincuencia, luego que el Jefe de Estado asegurara que el año 2025, en la pasada administración, hubo “218 000 robos violentos”, cuando en verdad llegó a 69 777, según las cifras oficiales.
La segunda, al anunciar una reforma constitucional e indicar que “por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún gobierno, de ningún color, podrá desconocer”.
Sin embargo, y pese a ser abogado de profesión, el presidente Kast mintió sobre este punto, ya que el artículo 1°, inciso quinto de la Constitución, ya lo establece, al señalar que “es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.
Así también lo han salido a ratificar varios abogados constitucionalistas como Jorge Correa Sutil o Javier Couso.
Denuncia ante la Contraloría
Fue respecto de las cifras informadas por el presidente Kast sobre los robos violentos ocurridos el 2025, que el abogado Luis Mariano Rendón denunció al mandatario ante la Contraloría General de la República, por una eventual infracción al principio de probidad administrativa.
“El Presidente de la República en su última cadena nacional ha entregado información falsa respecto del número de robos con violencia que ha sufrido la población durante el año pasado. Ha magnificado esta cifra en más de tres veces. Esto no es nada inocente”, según Rendón.
Lo grave de la situación, es que la cifra que dio el presidente Kast está en el discurso que le prepararon sus asesores y no fue un error del mandatario o “salida de libreto” como se suele decir cuando una autoridad no se ciñe a lo que tiene escrito.
Luis Mariano Rendón, abogado que presentó la denuncia ante la Contraloría.
Peor aun, la información sigue estando en el documento que la Presidencia sube a su sitio web, sin siquiera existir una nota que corrija el dato, el cual, desde el Ministerio de Seguridad calificaron como “un error de referencia”, ya que “el Presidente hablaba de 218 000 robos y delitos violentos”, consignaron a Radio Bío Bío.
Según el abogado Rendón, “no se trata de un desliz oral, sino de una afirmación que quedó consignada en el comunicado oficial de la Presidencia”. Además, agregó que “sirvió para exagerar la situación heredada y magnificar los resultados que el propio Gobierno se atribuye”.
Asimismo, sostuvo que “no se pueden usar los medios y recursos públicos para mentir, falsear supuestos avances del actual Gobierno mediante la fórmula de mostrar un pasado mucho peor a la realidad, engañando así a la ciudadanía. Esto no tiene nada de inocente”.
La norma que fue denunciada ante la Contraloría, hace referencia a la infracción al principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 52, inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
