Una “reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado”, dijo el mandatario. Sin embargo, ese deber lo estipula el primer capítulo de la actual carta fundamental que se redactó durante la dictadura cívico-militar de Pinochet. Expertos señalan que “ese vacío no existe”.
En el paquete de medidas legislativas enfocadas en seguridad de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo anunciada por el presidente José Antonio Kast y el ministro de Seguridad Martín Arrau, se incluyen más de 30 proyectos y una reforma constitucional para establecer la protección de las personas como un deber del Estado, algo que ya está establecido en la Constitución de 1980.
Así lo mandata en el Capítulo 1°, Artículo 5°, de las Bases de la Institucionalidad de la carta magna redactada en la dictadura de Augusto Pinochet, régimen que es defendido por el actual oficialismo. Además, durante el segundo proceso constitucional que lideró el Partido Republicano reinvindicó constantemente el texto, el cual, pese a los cambios que le hizo la colectividad del presidente Kast también fue rechazado con 55% en 2023.
Específicamente, en su discurso en cadena nacional tras aprobarse la megarreforma tributaria, el mandatario desarrolló los ejes en los que se enfocará esta agenda. En el cuarto eje, “condenar sin beneficios”, el presidente Kast dijo: “Vamos a enviar al Congreso una reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado, y que nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen”.
reforma constitucional inoficiosa
El abogado constitucionalista Javier Couso sostiene que “el anuncio que con gran despliegue en cadena nacional realizó el Presidente de la República esta semana, anunciando un paquete de medidas de reforma constitucional y legislativa para abordar la crisis de seguridad que enfrenta el país, desafortunadamente comienza por plantear una reforma constitucional para un supuesto vacío que no existe”.
“La Constitución Política de la República señala que, precisamente es deber del Estado dar protección a la población. Este mandato constitucional al Estado incluye protección en todos los ámbitos de la seguridad pública, algo que se ve ratificado en el capítulo que regula las fuerzas armadas y de seguridad interior, donde se reitera, en este caso, el deber de Carabineros y la Policías de Investigaciones, de colaborar en dar protección a la población”, explico a redacción el director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP).
Para Couso, “más allá de lo redundante que resultaría introducirle reformas al artículo 1º de la Constitución, para instituir un deber del Estado que ya está contemplado por la Constitución de 1980, es decir, hace casi medio siglo, los anuncios ponen demasiado énfasis en lo normativo, en reformas constitucionales, legales, y no en la cuestión fundamental”.
“Chile necesita desesperadamente una dotación policial a la altura de las necesidades del país, dotación que expertos han cifrado en 18 000 nuevos carabineros y policías, al tiempo que en estos momentos se está logrando reclutar solo a 1 800 nuevos carabineros y policías. En este contexto, más que reformas a la constitución o las leyes, la urgencia está en poner el financiamiento allí donde se pone el discurso. Esto es, invertir masivamente en el reclutamiento y formación de cuerpos policiales en Chile, en tecnologías avanzadas de inteligencia policial para hacer frente a quien organiza el narcotráfico”, plantea el constitucionalista Javier Couso.
Director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, explicó a redacción los alcances de la reforma constitucional anunciada por el Gobierno.
Estado de Excepción por alteraciones de seguridad pública
Otro punto de la agenda legislativa del Gobierno es incorporar un nuevo tipo de Estado de Excepción enfocado en combatir graves alteraciones de seguridad pública, con el objeto de que militares colaboren con las policías en “barrios críticos” en el combate contra el crimen organizado.
Jaime Bassa, abogado constitucionalista y diputado del Frente Amplio, advierte que las “Fuerzas Armadas no son policías”, y que es necesario tener claridad en la diferencia de sus funciones y que se requiere que “el Estado fortalezca el ejercicio de la función policial, proveyendo de seguridad a todos los barrios, especialmente frente al crimen organizado”, indicó en referncia a la reforma constitucional anunciada por el presidente Kast.
Asimismo, Bassa acotó que “las Fuerzas Armadas no están capacitadas para controlar el orden público y, al contrario, el Estado debe fortalecer a sus policías para que pueda garantizar la seguridad de la población”.
