La acción que fue respaldada por un grupo de diputados de Gobierno más el Partido de la Gente, fue desechada en sus cuatro capítulos por los senadores, quienes cuestionaron duramente el sustento de la presentación.
Con una votación contundente los senadores rechazaron la acusación constitucional que un grupo de diputados de la derecha presentó en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por supuestamente infringir la Constitución al hacer proyecciones económicas que no se cumplieron en el marco de la Ley de Presupuestos.
La AC planteaba este punto respecto de las normas que regulan la administración financiera del Estado, al haber mantenido las proyecciones cuestionadas y no considerar todas las advertencias técnicas planteadas por el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional y la Dirección de Presupuestos.
Además, se le acusaba de vulnerar los principios de unidad y coordinación que rigen al ministerio de Hacienda, omisión de obligaciones y compromisos financieros relevantes y vulnerar el deber de consistencia y coherencia de la programación financiera del Estado.
En cuanto a la votación del capítulo 1, sobre la infracción del principio de probidad establecido en la Constitución fue rechazado por 16 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones.
El capítulo 2, en tanto, referido a la vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado se desechó por 9 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones.
Respecto del capítulo 3, de la vulneración del principio de universalidad presupuestaria también fue rechazado por 16 votos a favor, 26 en contra y 3 abstenciones.
Mientras que el capítulo 4, que hacía referencia a la vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y presupuestos anuales, fue desechado por 10 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones.
“No eran hechos ciertos”
Concluida la votación en la sala del Senado, el exministro de Economía y Hacienda, Nicolás Grau, agradeció a todos los parlamentarios que estuvieron por rechazar la acusación, la cual, según sostuvo, carecía de todo “sustento”.
Flanqueado por un grupo de senadores de oposición, Grau argumentó que “nunca quise que mi defensa se basara en que yo no era responsable de algo que se nos estaba imputando, porque era responsabilidad de otra parte del Estado. Sino que sostuve que los hechos mismos que se imputaban, no eran hechos ciertos”.
Respecto del principal argumento levantado por los parlamentarios oficialistas que apoyaron la AC, en cuanto a las diferencias entre proyecciones y resultados finales, Nicolás Grau reiteró que son habituales en la gestión macroeconómica y que nunca hubo inconsistencia en los cálculos.
El exministro sostuvo que “como quedó demostrado en lo que señaló el Consejo Fiscal Autónomo, no hay inconsistencias aritméticas en la posibilidad de que exista una diferencia entre un aumento del déficit proyectado para años sucesivos y lo que ocurra al final de ese periodo en términos de deuda”.
Asimismo, resaltó que en el país las cifras son confiables, ejemplificando que “en Chile los gastos fiscales y los ingresos fiscales se conocen por el país un mes después del mes en cuestión”.
Oficialismo dividido
Si bien la acusación constitucional en contra del exministro Grau buscaba propinar un golpe político a la administración de Gabriel Boric, la jugada llevada adelante por el partido Republicano y Libertario, y que con contó con el beneplácito del Ejecutivo al no oponerse, terminó evidenciando el quiebre que existe en la derecha entre las dos almas que hoy gobiernan.
Prueba de ello, es que en medio de la ofensiva en contra del exministro Grau, desde el oficialismo volvió a aparecer la frase sobre “la derechita cobarde”, acuñada por republicanos y que salió a la palestra luego que Renovación Nacional cuestionara la pertinencia y sustento de la AC.
Es más, el diputado de RN Diego Schalper, junto con votar en contra del libelo, junto con otros parlamentarios, impulsan un proyecto de reforma constitucional que aumenta los requisitos para presentar y aprobar acusaciones constitucionales.
En declaraciones a radio Agricultura, la diputada republicana Stephanie Jéldrez criticó que los partidos de Chile Vamos no se alinearan con la AC como sí lo hizo el Partido Nacional Libertario, Republicanos y el Partido de la Gente.
“Hay una romantización de la moderación, que yo creo que ya pasó de moda. Lamentablemente, este tipo de derecha, derechita cobarde, como bien dice la abuela, falta ahí un dejo de olfato político importante”, aseguró.
En la votación del Senado, la presidenta de RN Andrea Balladares, señaló: “Hemos visto cómo este mecanismo se ha transformado cada vez en una extensión de la disputa política cotidiana. Cuando una herramienta excepcional se vuelve habitual, corre el riesgo de perder fuerza, legitimidad y eficacia. (…) Sería un error confundir mi decisión en esta AC con una evaluación favorable del exministro Grau, la realidad es exactamente la contraria”.
Su compañero de partido Andrés Longton, por su parte, expuso que “el exministro debía custodiar la credibilidad de las finanzas públicas. El desempeño fiscal fue profundamente deficiente, pero al mismo tiempo, una pésima gestión económica no corresponde a una infracción constitucional. Si cada diferencia se traduce en una herramienta de destitución, desacreditamos el fin de la acusación constitucional”.
Entre senadoras del oficialismo quienes votaron a favor de la AC están Vanessa Kaiser del Partido Libertario, quien argumentó: ”Necesitamos seriedad y la responsabilidad que hoy queremos exigirle a cada persona que no pagan el Transantiago, no podemos dejar de exigirla aquí”.
De igual forma lo hizo la senadora de RN Camila Flores, investigada por la Fiscalía por eventual corrupción, asegurando que luego de un “análisis exhaustivo que he efectuado a los cuatro capítulos, puedo señalar que me he formado la convicción de que esta acusación constitucional debe ser aprobada, aun cuando ser consecuente con las ideas y convicciones, muchas veces, tengan consecuencias personales para cada uno de nosotros”.
