La Fiscalía formalizó a 44 personas vinculadas a una organización de venta de cannabis, para lo cual disponía de un Dispensario Nacional con 21 sedes en el país, y que se habría utilizado de manera irregular para los fines de tráfico de la droga. De los imputados, 10 ya tienen cautelares de arresto domiciliario total, y ahora el Ministerio Público busca la prisión preventiva para los cabecillas. La audiencia lleva dos días y se espera que este viernes se conozcan escuchas telefónicas que darían cuenta de la participación delictiva de cada uno de los líderes.
“Es un caso bastante atípico de tráfico ilícito de estupefacientes, en este caso de cannabis sativa (marihuana), por cuanto aquí se montó una organización con fachada de legalidad que tenía por finalidad el lucro. Esto les permitió obtener durante un periodo acotado de tiempo, ganancias multimillonarias. En realidad, estamos hablando de más de 8 mil millones de pesos, que equivalen aproximadamente a 9 millones de dólares”. Así resumió el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, lo que han planteado ante el Cuarto Jugado de Garantía de Santiago, durante la formalización de 44 personas, en el marco de la denominada “Operación Imperio Ámsterdam”.
La Fiscalía Regional de Aysén imputó a esta organización los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas, desvío de cultivo y lavado de activos usando el Dispensario Nacional como fachada, la cual tenía una red con 21 sucursales a nivel nacional que comercializaba derivados cannábicos con altos niveles de THC bajo la apariencia de una corporación medicinal, e incluso contaba con médicos a disposición de los usuarios para obtener las recetas.
El miércoles se decretó arresto domiciliario total para 10 imputados, entre ellos el modelo y rostro televisivo Camilo Huerta. También se estableció arresto domiciliario nocturno para otras cinco personas y firma quincenal para cuatro más, mientras que este jueves los imputados Matthus Van Eijck Edwards y Raúl Andrés Bravo Novoa quedaron con las cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicación con los coimputados, y Eduardo Gendelman Coll quedó con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros investigados.
La Fiscalía expuso parte de los antecedentes que, a juicio de los persecutores, fundan la necesidad de que se decrete la prisión preventiva para los imputados considerados cabecillas de esta banda, audiencia que se retomará este viernes, y donde se conocerán escuchas telefónicas que podrían mostrar el verdadero alcance de esta organización investigada, que operaba a nivel nacional, con 21 sucursales, y los propios líderes reconocieron tener más de 10.000 socios activos.
“Se trata de estructura de tipo empresarial y comercial centrada en el lucro, donde hay una estructura con directorio, gerentes, franquiciados y empleados, siendo los cobros un sistema de ventas con utilidades millonarias, reinversión, pago de sueldos, arriendos y distribución de ganancias; y no corresponden a un simple financiamiento interno de la corporación”, indicó el fiscal Libedinsky en la audiencia.
También se explicó que “existe una estructura jerárquica para la provisión a terceros, con líderes que toman decisiones, fijan precios, contratan empleados, mantienen contratos de franquicia, constatándose que los productos se venden y suministran a terceros ajenos a la administración de la corporación, incluso a personas ni siquiera inscrita en ella, no tratándose de una auto provisión exclusiva de un grupo cerrado y pequeño de personas”.
Por todo ello, “esta organización ilícita desborda y excede todos los límites y requisitos que la normativa y la jurisprudencia nacional han impuesto para considerarla como un grupo cannábico o un dispensario que pueda caer en una causal de atipicidad, sea por fines medicinales o de cultivo para proveer un consumo personal y próximo en el tiempo, toda vez que su actividad misma, en la forma consciente que ha sido desarrollada por los imputados, crea un sistema de distribución descontrolada de la droga, situación de riesgo que afecta gravemente el bien jurídicamente protegido por la Ley 20.000, que es la salud pública”, se señaló el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
Los hechos formalizados
De acuerdo a lo que se indicó por el Ministerio Público en estos días de audiencia de formalización, “desde el año 2023, los imputados integran una asociación ilícita estable y permanente en el tiempo, con distribución de roles y funciones precisas, cuya finalidad común es la realización de actividades de cultivo, distribución y comercialización, para el posterior tráfico de drogas, a través de la venta masiva no autorizada e indiscriminada de especies del género cannabis y sus derivados, suministrándola a terceros bajo la fachada de dispensar cannabis con fines terapéuticos a usuarios de una Corporación sin fines de lucro”.
Para esta actividad ilícita, planteó al Fiscalía, “la organización criminal opera a través de diversas estructuras societarias y personas jurídicas a fin de dar una apariencia de legalidad, entre las cuales destacan la Corporación de Usuarios Medicinales de Cannabis Dispensario Nacional y las sociedades DN Medcorp SpA y el grupo MA Botanics. La organización criminal abarca toda la cadena de producción: la siembra, el cultivo, la plantación, la cosecha, el transporte, adquisición, transferencia y suministro de droga a terceros, logrando su comercialización masiva y descontrolada”.
Entre los cultivadores que abastecían de cannabis y sus derivados, destaca la sociedad MA Botanics SpA, que cuenta con un cultivo ubicado en Parcela 44, Lote B, sector Los Quillayes, comuna de Pelarco, región del Maule, empresa que se vale de la autorización sanitaria para el cultivo contenida en la Resolución Exenta N°86/2025 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región del Maule, “la cual es abiertamente vulnerada e incumplida, produciendo plantas del género cannabis con alto contenido de THC, lo que no está autorizado por dicha resolución”, indican los persecutores en los hechos formalizados.
También hay “materia prima producida por otros cultivos que no cuentan con ninguna autorización administrativa, los cuales están ubicados en la zona de Algarrobo, El Quisco, Peñaflor, Curacaví, Puchuncaví, Calera de Tango, La Serena y Pirque. La cannabis producida es transportada desde los cultivos a centros de acopio que mantiene la organización, entre los que destaca el ubicado en la calle Emilio Vaisse N°574, en la comuna de Providencia, y el ubicado en Avenida Cristóbal Colón N°5990, comuna de Las Condes. Este último local es el principal centro de operaciones de la organización investigada”, se describe.
Desde aquí se distribuye la marihuana hacia las diversas sucursales, las cuales operan con el nombre de fantasía de “Dispensario Nacional” y que están ubicadas desde la región de Antofagasta hasta la región de Aysén. “Sucursales que son operadas ya sea directamente por la sociedad DN MEDCORP SpA o bien por una franquicia suscrita entre el dueño de la sucursal y DN MEDCORP, donde es comercializada la droga. Asimismo, se trasladan y transportan remesas de cannabis entre las diferentes sucursales para poder asegurar el stock a nivel nacional”.
La organización y sus cabecillas
La investigación del Ministerio Público, señala que la organización presenta “tres grupos definidos que operan funcionalmente integrados: el núcleo o estamento directivo de la organización, donde se integran los imputados vinculados a la Corporación de Usuarios Medicinales de Cannabis Dispensario Nacional y la sociedad DN Medcorp SpA. Luego están los proveedores, compuesto principalmente por los imputados asociados a la empresa MA Botanics, y otros cultivadores que proveen la materia prima”.
Agrega que, “finalmente, un tercer grupo de comercialización, integrado por imputados que actúan en las sucursales distribuidas a lo largo del país, ya sea como franquiciados y/o administradores de dichos locales. Pero la integración funcional de ellos posibilita que determinados sujetos mantengan roles permanentes en cada uno de estos grupos o núcleos”.
El estamento directivo se identifica con la sociedad DN Medcorp SpA, y tres imputados son la cúpula de la organización criminal, que ejercen el mando, la dirección y planificación de los delitos, conforme a sus roles y funciones.
Se trata del “imputado Andrés Astorga Rodríguez, líder de la organización criminal, pues ejerce el mando, la dirección y la planificación de los delitos y dirige el funcionamiento general de la organización criminal. Como máximo accionista de DN Medcorp es el dueño del negocio, al punto que también es conocido como “el rey de la weed”. En su rol de líder y máximo accionista define el modelo de negocio, tratando con proveedores, controlando los ingresos y disponiendo la distribución de las ganancias y tareas de cada miembro de la organización criminal, gestionando desde el cultivo hasta la distribución en cada una de las sucursales operativas de comercialización”, se planteó en la primera jornada de formalización.
También se indicó que “el imputado Gino Athens Athens, segundo accionista de DN Medcorp, cumple funciones de dirección, para lo cual participa de la planificación, ejecución y gestión operativa, supervisando los flujos financieros, controlando el funcionamiento de los locales, organizando pagos y coordinando la logística de la organización criminal. A su cargo se encuentra el manejo financiero de la organización. De esta forma, su rol permite el funcionamiento de los cultivos hasta la distribución en cada una de las sucursales operativas de comercialización”.
El imputado “Mario Astorga de Valenzuela, en su calidad de gerente general de DN Medcorp SpA, también cumple labores de dirección, encargándose de ejecutar las decisiones del nivel directivo y especialmente los lineamientos que le entrega su hijo Andrés Astorga Rodríguez. Su rol permite el funcionamiento de los cultivos hasta la distribución en cada una de las sucursales operativas de comercialización”.
Había también un segundo plano operativo dentro del núcleo directivo, en el que se encuentran los accionistas minoritarios de DN Medcorp SpA, entre ellos, los imputados Raimundo Silva Zautzik, Rodrigo Buzeta Quezada y Matias Landerer Hensi, que habrían actuado concertadamente con la cúpula interviniendo en la planificación y validación de las decisiones estratégicas mayores de DN Medcorp SpA.
Otras personas que desempeñaban activamente funciones directivas, administrativas y de soporte dentro de DN Medcorp, colaborando directamente al tráfico de drogas como fin de la organización criminal, son:
María Valentina Moncayo González, quien coordina el funcionamiento de cada una de las sedes, asegurando la ejecución de las directrices del núcleo directivo y la continuidad de la venta de cannabis en los distintos locales.
Christian Andrés Ossa Rodríguez, gerente de marketing, quien diseña e implementa las estrategias destinadas a la captación de nuevos usuarios y refuerza la apariencia de legalidad del sistema. Contribuye directamente a la fase de comercialización del cannabis y sus derivados. Ossa también mantiene la explotación de la sucursal de Vitacura.
Karen Marlene Athens Torres, en su calidad de encargada de Recursos Humanos, gestiona la incorporación, coordinación y permanencia del personal que opera en los distintos locales y áreas de la organización, asegurando la dotación necesaria para la venta de droga a los consumidores finales.
Simón Unda Athens, quien desde el año 2026 participa en el área de Recursos Humanos asistiendo en las tareas a Karen Marlene Athens Torres. Durante el año 2025, ejerció la administración de las sucursales de Concepción y Temuco.
Gino Athens Garcés, en su calidad de asistente de su hijo Gino Athens Athens, desarrolla tareas de finanzas que incluyen gestionar el flujo de caja, pagar nóminas y evaluar riesgos, entre otras, asegurando la liquidez de la empresa para la venta de drogas.
Daniel Ignacio Ortega Navarro, en su calidad de gerente del área de producción, coordina la recepción, acopio y distribución de cannabis al interior de la organización, asegurando su disponibilidad para abastecer de manera continua a los distintos puntos de venta.
José de Jesús García Suarez y Tania Carolina Calderón Bravo, miembros del área de producción, participan de la dosificación y envasado de la droga en distintos formatos, preparando el cannabis y sus derivados para su posterior distribución entre los locales, facilitando y coordinando el despacho de los productos.
José Miguel Fuentealba Moya, en su calidad de encargado de operaciones, participa de la recepción, almacenamiento, dosificación y distribución de sustancias ilícitas, así como de la capacitación de otros integrantes para la apertura y operación de nuevas sucursales.
Vicente Ignacio Necochea Briones y Erik Manuel Ruhl Peña: desempeñan el rol de transportistas dentro de la organización criminal vinculada al Dispensario Nacional, siendo responsables del traslado vía terrestre de remesas y productos derivados del cannabis entre distintas sucursales y regiones del país, asegurando así la distribución física de las sustancias ilícitas, permitiendo su disponibilidad en los puntos de venta y la continuidad del circuito de comercialización.
La pareja de Mara Sedini: sujeto de interés
Según los antecedentes entregados en estos días de audiencia, los socios mayoritarios de DN Medcorp SpA son Andrés Astorga Rodríguez, con un 51% de las acciones, y Gino Athens Athens con un 29%. El 20% restante se divide entre los accionistas minoritarios: Rodrigo Buzeta Quezada, Raimundo Silva Zautzik y Matias Landerer Hensi (ya nombrados), así como también Sebastián Risco Rodríguez, Guillermo Ginesta Bascuñán y Martín Krauss Valdés. Este último es la pareja de Mara Sedini, exministra vocera del gobierno de José Antonio Kast.
Consultado por esta persona en particular, el fiscal indico que “en este minuto no es imputado, pero es sujeto de interés (en la causa). Eso va a depender del desarrollo de la investigación, del avance que tenga la misma. Y en su momento se van a adoptar las decisiones que en derecho correspondan respecto de él y respecto de otras personas que puedan tener esa calidad”.
Libedinsky aseguró que “es importante resaltar que el Ministerio Público, independientemente de la posición económica o del poder que tengan los imputados, en ese sentido acá no se va a hacer ningún distingo. Acá se investiga y se persigue con igual fuerza tanto las personas que se dedican al tráfico ilícito de estupefacientes en cualquier población de Chile como aquellas personas que ostenten cargos de poder, de influencia o económica“.
La corporación Dispensario con receta incluida
La Corporación de Usuarios Medicinales de Cannabis Dispensario Nacional, según el Ministerio Público, “opera como una fachada de legalidad respecto de las actividades de la organización; esto porque en su constitución declaran desarrollar actividades con fines terapéuticos y sin fines de lucro, lo que no se condice con la realidad. En los hechos, se trata de un negocio ilícito de venta de marihuana fuera del permiso legal medicinal, que genera millones de ganancias a través de DN Medcorp SpA, la que posteriormente es utilizada para ocultar el origen del dinero”.
Respecto de los consumidores finales, se explicó que se operaba con una inscripción de socios en el Dispensario Nacional, cuyo valor era de $10 000, se les exige la presentación de algunos documentos: una receta médica con un diagnóstico y tratamiento en base a cannabis, un certificado de antecedentes penales exento de condenas por la Ley 20.000 y la cédula de identidad. Y tenían a disposición una red de médicos que les extendían recetas de manera expedita, sin que existiese necesariamente una justificación terapéutica real.
En la audiencia se informó que agentes reveladores que actuaron bajo identidades ficticias, pudieron obtener recetas médicas para cannabis en cuestión de minutos a través de plataformas digitales recomendadas por los propios dispensarios, como “Farmacannabis” o “recetacannabis.cl”, y mediante consultas por videollamada.
“O incluso más, simplemente a través de una conversación por chat de WhatsApp con médicos que, tras una breve entrevista o encuesta, emitían diagnósticos genéricos como “estrés”, “lumbago crónico” o “trastorno del sueño”, sin exigir antecedentes clínicos, exámenes ni controles presenciales”, reseñó el fiscal en la lectura de los hechos.
Una vez cumplidos estos requisitos, los clientes acceden a productos en distintos locales abiertos al público. En su mayoría son productos con alta dosis de tetrahidrocannabinol, “apareciendo de manifiesto que la actividad desarrollada se apartaba abiertamente e infringía la autorización que, según se invoca por la organización ilícita, otorgaba la última Resolución Exenta N°86/2025 del SAG en la Región del Maule, en cuanto ésta solo permite el cultivo y utilización de material vegetal orientado a CBD (cannabidiol, compuesto no psicoactivo), dentro de los márgenes reglamentarios aplicables”. Tenían hasta campañas publicitarias en redes sociales para captar clientes y socios.
Los otros cultivadores de la organización no contaban con autorización ni resolución administrativa alguna que les permitiera el cultivo de plantas del género cannabis.
